Últimas prestaciones aprobadas

Trabajadores autónomos.

Personas destinatarias:
Profesionales autónomas, domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi que:

  • Se hallan de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social y,
  • Obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Requisitos:

  • Serán financiables aquellas operaciones de financiación cuyo objeto sea la cobertura de necesidades de liquidez y financiación de los gastos de estructura correspondientes a 6 meses.
  • Solicitud.
  • Declaración responsable.
  • Certificación de la Diputación Foral en la que figure el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en el que esté dada de alta el profesional.
  • Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
  • Declaración de bienes del solicitante.
  • Declaración del IRPF 2018 y ejecución de ingresos-gastos del año 2019.
  • Memoria descriptiva de las necesidades de financiación para la cobertura de los gastos de estructura elaborada por el titular.
  • La declaración responsable correspondiente acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003.

Préstamos de entre 5.000 euros y 100.000 euros con tipo de interés 0%.

Pago único.

  • La concesión de préstamos: hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria que es de 1.025 millones (tras la ampliación de 20 de mayo de 2020)
  • La persona que reciba el préstamo puede cancelar o amortizar anticipadamente sin coste alguno.

Estas ayudas son compatibles con otras procedentes de cualquier Administración Pública, Departamento, Organismo o Entidad Pública o privada, cuando la acumulación de las ayudas no sea superior a la establecida para las ciscunstancias de cada caso.

  • Información e impresos de solicitud en www.euskadi.eus
  • A través de la página https://www.elkargionline.com/
  • En las sucursales colaboradoras que figuran en el Anexo I de la Orden.

Departamento de Hacienda y Economía. Economía, Finanzas y Presupuestos.

Línea de financiación que desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020, para responder del impacto económico del Covid-19.
Permite el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y financiación de los gastos de estructura correspondientes a 6 meses del colectivo de agentes económicos citado desde el 1 de marzo 2020.

Período de solicitud

Desde el 04/04/2020 al 31/12/2020.Su inclusión en el programa se realiza por orden de entrada y las solicitudes se atenderán hasta el agotamiento del vólumen de préstamos.

Fecha inicio efectos

4 de abril de 2020.

Fecha prevista cobros

Ver normativa.

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Fecha de última modificación
19/05/2020

Personas que permanezcan en ERTE

Está dirigida a aquellas personas que permanezcan en ERTE durante julio, agosto y septiembre y tienen una base de cotización de menos de 20.000 euros anuales.

Complemento a la prestación por desempleo de 150 euros mensuales para las personas con una jornada de trabajo superior al 50%, y de 100 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%

Mensual

Desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre

Se ha habilitado en la página web de Lanbide (www.lanbide.euskadi.eus) un sencillo formulario online como única vía, formulario que podrá rellenarse telemáticamente y que no requerirá introducir identificación electrónica, lo que facilita que podrá completarse desde cualquier dispositivo.

Estas ayudas constituyen un complemento a la prestación de los trabajadores con salarios más bajos que están inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), con la finalidad de paliar en parte esta disminución de rentas. Será de 150 euros mensuales para las personas con una jornada de trabajo superior al 50%, y de 100 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. Cubre del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020. 

Período de solicitud

A partir del 15 de julio

Fecha inicio efectos

1 de julio

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Fecha de última modificación
08/07/2020

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Tener entre 23 y 65 años (personas mayores de 18 años con hijos a cargo).
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social. 
  • Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • Estar inscritas como demandantes de empleo.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.
     
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.
     

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22)
  • Se firmarán convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.
     

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

Período de solicitud

Se puede solicitar a partir del 15 de junio.

Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Fecha prevista cobros

Se prevé que se cobre en el mes de junio, a medida que vayan llegando las solicitudes.

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Fecha de última modificación
15/06/2020

  • Personas arrendatarias de vivienda habitual.
  • Personas arrendatarias que han solicitado a una entidad bancaria préstamo para alquiler (microcréditos).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.
  • Trabajadores autónomos con pérdida de ingresos.

Personas destinatarias:

Las personas en situación de vulnerabilidad económica por covid-19 (individual o agrupadas en una unidad convivencial).
La unidad convivencial la constituyen dos o más personas que viven en una misma vivienda, unidas por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela

Se considera que la persona se halla en situación de vulnerabilidad económica cuando:

  • Algunas de las personas inquilinas se encuentren como consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19:
  • en situación de desempleo o ERTE (con posteridad al 31/01/2020)
  • haya reducido su jornada por motivo de cuidados o conciliación,
  • para personas trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una pérdida en sus ingresos o una caída en sus ventas, igual o superior al 40%. Se toma como referencia los ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma
  • sean beneficiaros de un préstamo según artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.
  • El importe de la renta que deba ser abonada más los gastos de comunidad y los suministros básicos, sea superiores al 30% de los ingresos actualmente disponibles, calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial. Los gastos de comunidad y los suministros básicos se valoran en 79 euros/mes por cada persona integrante de la unidad convivencial o, alternativamente, en 187,4 euros/mes por vivienda (siendo el criterio aplicable el que resulte más beneficioso para la persona o unidad convivencial).

 

Requisitos:

  • Ser persona mayor de edad o emancipada.
  • Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la solicitud, en la CAE.
  • No ser titular de inmuebles disponibles, a excepción del inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia.
  • El patrimonio no supere los 50.000 euros (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades).
  • Ingresos brutos anuales < 39.000 euros, ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial detallada en el siguiente enlace. Se tendrá en cuenta el periodo impositivo que, vencido el plazo de la presentación de la declaración del IRPF, sea inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
  • Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  • Ser titular de un contrato de arrendamiento de domicilio habitual y permanente, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de una vivienda libre ubicada en la CAE.
  • No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora o con cualquiera miembro de la unidad convivencial arrendadora.
  • El contrato de arrendamiento debe estar vigente y haber sido formalizado antes del 14 de marzo de 2020.
  • La renta mensual no podrá exceder de los siguientes importes en función del tamaño del municipio:

Tamaño de municipio/capitales

Vivienda habitual. Total

€/mes

Vivienda habitual colectiva

euros/mes

Vivienda habitual unifamiliar

euros/mes

Menos de 2.500 hab.

794,9

756,2

960,2

De 2.500 a 5.000 hab.

816,9

803,3

984,2

De 5.001 a 10.000 hab.

858,6

848,4

1.308,0

De 10.001 a 20.000 hab.

900,3

892,1

1.253,1

De 20.001 a 40.000 hab.

947,7

943,7

1.260,2

De 40.001 a 100.000 hab.

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

  • En caso de familia numerosa:

Tamaño de municipio/capitales

Vivienda habitual. Total

euros/mes

Vivienda habitual colectiva

€/mes

Vivienda habitual unifamiliar

euros/mes

Menos de 2.500 hab.

927,3

882,2

1.120,2

De 2.500 a 5.000 hab.

953,1

937,1

1.148,2

De 5.001 a 10.000 hab.

1.001,7

989,8

1.526,0

De 10.001 a 20.000 hab.

1.050,4

1.040,7

1.462,0

De 20.001 a 40.000 hab.

1.105,7

1.100,9

1.470,2

De 40.001 a 100.000 hab.

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

  • Cuando se manifieste oposición para consultar datos con otras administraciones, hay que presentar las siguientes declaraciones o documentaciones:

o Declaración responsable de no ser titular de bien inmueble salvo en su caso el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles.

o Declaración responsable de no disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros.

o Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada.

o Documentación acreditativa de los ingresos:

Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o en su defecto:
• Certificado de vida laboral expedido por la TGSS, con fecha actualizada
• Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T).
• Certificado de las prestaciones no contributivas.
• En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique.

o Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente previo a la concesión y pago)

  • Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que abona cada una.
  • Alta de terceros de la persona arrendataria. (podrá sustituirse por el de la persona arrendadora o de la entidad de crédito).
  • Si la fianza correspondiente al contrato de arrendamiento no estuviese depositada en la Delegación Territorial de Vivienda, copia de dicho contrato, en el que deberá constar: la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada y la renta inicial.
    En el caso de ser varias las personas arrendatarias y no constar en el contrato el importe de la renta que corresponde abonar a cada una de ellas individualmente, se aportará declaración responsable en la que figure dicho importe individual.
  • Documentación acreditativa de los ingresos actualmente disponibles, mediante la aportación de justificante de abono de prestaciones por desempleo, nóminas o documento equivalente para los trabajadores por cuenta ajena, y mediante la aportación de información contable de los registros de ingresos y gastos, de las autoliquidaciones y/o presentaciones de declaraciones informativas a efectos tributarios, para las personas trabajadoras autónomas o empresarias.
  • Declaración responsable de no existir vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora.
  • Declaración responsable emitida por la persona arrendadora de no haber condonado total o parcialmente la renta de la vivienda o haber aplazado de manera temporal y extraordinaria del pago de la misma.
    • Acreditación de que la situación de empleo o desempleo es causada por el covid-19
      o Causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.
      o Cuando las personas solicitantes vinieran desarrollando su actividad en alguno de los sectores NO estén incluidos en el listado de actividades cuya apertura al público queda suspendida de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
      o Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, la pérdida en sus ingresos o la caída en sus ventas, se calculará tomando como referencia los ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
  • Documento préstamo con la entidad financiera.

 

  • 1.500 euros, en dos pagos de 750 euros (corresponden a 250 euros/mes)
  • En caso de coarriendo, esta cantidad se ajustará en función del porcentaje de renta que abone la persona coarrendataria que resulte beneficiaria de la ayuda.

El pago podrá realizarse a la persona arrendadora, a la arrendataria o a la entidad financiera

En dos pagos.
El primero tras dictarse la resolución estimatoria y el segundo tres meses después, siempre que se mantengan los requisitos y obligaciones.

Se obtiene como producto de multiplicar 250 euros mensuales por el plazo de 6 meses.
Se abona en dos pagos del 50% del importe total.

Máximo 6 meses. Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria de 15.529.328 euros.

Las ayudas al alquiler son incomptibles con:

  • Beneficiarios de prestaciones económicas:

o PEV, Prestación económica de vivienda.
PCV, Prestación complementaria de vivienda.
o Gaztelagun
o AES de alquiler.
o Otras con la misma finalidad para alquiler que pudiera conceder cualquier otra Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada.

 

  • Beneficiarios de otros programas de alquiler:

o Vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en cesión de uso.
o Vivienda privada en arrendamiento a través del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), o del Programa de Vivienda Vacía Bizigune.

 

  • Beneficiarios de exoneración, condonación o reducción en el pago de la renta derivadas por la crisis originada por el COVID-19:

o La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
o La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a los previsto en el artículo 8 del Real Decreto-ley 11/2020.
o La reducción del 50% de la renta arrendaticia contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020.

Presencial:
Órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (cuando sea posible)
Forma telemática:
https://www.euskadi.eus/ayuda-alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es
www.alokabide.euskadi.eus.

ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación.
En el caso de obtener préstamo avalado por el Estado y obtener estas ayudas, se aplicará una norma de congruencia por la cual el importe deberá ser destinada a amortizar total o parcialmente el préstamo obtenido
Antes del 31 de diciembre de 2020, presentar los justificantes de pago de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias.

Período de solicitud
  • Desde el 6 de mayo hasta el 31 de septiembre de 2020.
  • Resolución: en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la solicitud.

En la solicitud se deberán declarar de forma expresa:

  • Los ingresos actuales de la unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible
  • Las personas trabajadoras por cuenta ajena, la empresa, el sector de actividad económica de la empresa y el día de inicio de la situación de desempleo o subempleo
  • Personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, el sector de actividad económica de su actividad
Fecha inicio efectos

Abril de 2020.

Fecha prevista cobros

Mayo-junio de 2020.

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Fecha de última modificación
05/05/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Víctimas de violencia de género, desahucio, personas sin hogar.
  • Familias con menores a cargo.
  • Mayores de 60 años.
  • Desempleo o incapacidad acreditada para actividad laboral.
  • Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a personas especialmente vulnerables.

Personas destinatarias:

  • Personas especialmente vulnerables.
  • Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a personas especialmente vulnerables.

Se considera persona "especialmente vulnerable":

  • Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual.
  • Las personas sin hogar.
  • Las personas incluidas en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que contempla los siguientes supuestos:
    • Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
    • Familia numerosa.
    • Unidad familiar: monoparental o con algún menor o con algún miembro que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
    • Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo.
    • Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
    • El deudor mayor de 60 años.

Requisitos:

  • Ser persona mayor de edad o emancipada.
  • Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la solicitud, en la CAE.
  • No ser titular de inmuebles disponibles, a excepción del inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia.
  • El patrimonio < 50.000 euros (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades).
  • Ingresos brutos anuales < 39.000 euros, ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial detallada en:https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. Se tendrá en cuenta el periodo impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declaración del IRPF, sea inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.
  • Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
    • Cuando se manifieste oposición para consultar datos con otras administraciones, hay que presentar las siguientes declaraciones o documentaciones:
      • Declaración responsable de no ser titular de bien inmueble salvo, en su caso, el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles.
      • Declaración responsable de no disponer un patrimonio superior a 50.000 euros.
      • Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada.
      • Documentación acreditativa de los ingresos:
        • Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o en su defecto:
          • Certificado de vida laboral expedido por la TGSS, con fecha actualizada.
          • Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T).
        • Certificado de las prestaciones no contributivas.
        • En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique.
      • Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente previo a la concesión y pago).
    • Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que abona cada una.
    • Alta de terceros de la persona arrendataria (podrá sustituirse por el de la persona arrendadora o de la entidad de crédito).
    • Las víctimas de la violencia de género, la sentencia, orden de alejamiento o informe de los servicios sociales de base o especializados dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género.
    • Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual de manera inminente o que ya se ha producido, el documento judicial que determine el lanzamiento.
    • Las personas sin hogar, una declaración responsable de empadronamiento social o ficticio.
    • Otras personas especialmente vulnerables, en su caso, declaración responsable de empadronamiento, el Libro de Familia, el certificado de cualquier tipo de discapacidad emitido por la autoridad pública competente o certificado de situación de desempleo.

    • 3.000 euros en dos pagos de 1.500 euros (corresponden a 250 euros/mes)
    • En caso de coarriendo, esta cantidad se ajustará en función del porcentaje de renta que abone la persona coarrendataria que resulte beneficiaria de la ayuda.

    El pago podrá realizarse a la persona arrendadora, a la arrendataria o a la entidad financiera.

     

    En dos pagos.

    El primero tras dictarse la resolución estimatoria y el segundo tres meses después, siempre que se mantengan los requisitos y obligaciones.

     

    • Se obtiene como producto de multiplicar 250 euros mensuales por el plazo de 12 meses.
    • Se abona en dos pagos del 50% del importe total.

     

    Máximo 12 meses. Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria de 15.529.328 euros.

     

    • Beneficiarios de prestaciones económicas:
      • PEV, Prestación económica de vivienda.
      • PCV, Prestación complementaria de vivienda.
      • Gaztelagun.
      • AES de alquiler.
      • Otras con la misma finalidad para alquiler que pudiera conceder cualquier otra Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada.
    • Beneficiarios de otros programas de alquiler:
      • Vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en cesión de uso.
      • Vivienda privada en arrendamiento a través del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), o del Programa de Vivienda Vacía Bizigune.
    • Beneficiarios de exoneración, condonación o reducción en el pago de la renta derivadas por la crisis originada por el Covid-19:
      • La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
      • La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 11/2020.
      • La reducción del 50% de la renta arrendaticia contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 11/2020.

    Presencial:

    Órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (cuando sea posible).

    Telemática:

     

    ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

    Este programa subvencional, extraordinario y acotado en el tiempo, tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras especialmente vulnerables.

    Presentar antes del 31 de diciembre de 2021 la memoria del proyecto social y resultados obtenidos.

    Presentar antes del 31 de diciembre de 2020 los justificantes de pago de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias.

     

     

    Período de solicitud
    • Desde el 6 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2020.
    • Resolución: en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la solicitud.

    En la solicitud se deberán aclarar de forma expresa:

    • Los ingresos actuales de la unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible.

     

    Fecha inicio efectos

    Abril.

    Fecha prevista cobros

    Mayo-junio.

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    Fecha de última modificación
    05/05/2020

    Autónomos.

    Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

    Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

    Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

    a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

    b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

    c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

    Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

    a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

    b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

    Mensual (durante máximo 4 meses).

    La moratoria se ha prorrogado hasta finales de septiembre.

    A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

    La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

    Arrendador/arrendatario.

    Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

    Período de solicitud

    Desde el 23 de abril en el plazo de un mes.

    Fecha inicio efectos

    La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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    Fecha de última modificación
    07/07/2020

    • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
    • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

    En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

    Mensual

    Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Prorrogado hasta el 31 diciembre de 2020. 

    Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

    Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

    Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Artículo 22.

     Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

    Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

    Período de solicitud

    Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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    Fecha de última modificación
    08/07/2020

    • Desempleo.
    • Autónomos.

    Personas destinatarias:

    • Personas deudoras hipotecarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según el artículo 16 y que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda habitual o,
    • Aquellas viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, para las que la persona propietaria o arrendadora haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de Alarma o hasta un mes después de su finalización.

    Requisitos:

    El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

    a) El potencial beneficiario pase a situación de:

    • Desempleo
    • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

    b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

    • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
    • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
    • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

    c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

    d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente la total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

    a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida

    b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

    c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

    d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

    e) Titularidad de los bienes:

    • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

    f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

    g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

    Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

    Mensual (3 meses ampliables).

    Estas moratorias se podrán solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020

    La persona beneficiaria a la entidad financiera:

    • Solicitud de moratoria.
    • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

    Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

    Acreedores o entidades prestamistas.

    Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

    Período de solicitud

    El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020

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    Fecha de última modificación
    26/04/2020

    • Desempleo.
    • Autónomos.

    Personas destinatarias:

    Trabajadores autónomos en "situación de vulnerabilidad económica" según artículo 16 que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca.

    Requisitos:

    El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

    a) El potencial beneficiario pase a situación de:

    • Desempleo.
    • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

    b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

    • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
    • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
    • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

    c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

    d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

    a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

    b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

    c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

    d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

    e) Titularidad de los bienes:

    • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

    f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

    g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

    Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

    Mensual (3 meses ampliables).

    Hasta tres meses.

    Fin moratoria: el pago de las cuotas hipotecarias se extenderá por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria (aunque el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente).

    La persona beneficiaria a la entidad financiera:

    • Solicitud de moratoria.
    • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

    Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

    Acreedores o entidades prestamistas.

    Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

    Período de solicitud

    El plazo para solicitar la moratoria se amplia hasta el 29 de septiembre de 2020.

    Se otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital), para los inmuebles afectgos a una actividad turística

    Fecha inicio efectos

    Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

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    Fecha de última modificación
    08/07/2020

    Personas destinatarias en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo (la reducción especial de trabajo del 100% se asimila a una excedencia) que deban cuidar y atender menores de 14 años, personas dependientes, personas contagiadas o aisladas por el coronavirus COVID-19.

    1. Las personas trabajadoras que se acojan a una excedencia laboral o a una reducción de la jornada de trabajo (en un porcentaje igual o superior al 33%, incluida la reducción especial de la jornada de trabajo, y que podrá alcanzar el 100% de la jornada) para asumir los deberes de asistencia, atención y cuidado de alguna de las siguientes personas:

    • Hijos o hijas menores de 14 años de edad, o hasta los 18 años de edad, en el caso de que tengan diversidad funcional o discapacidad reconocida, de porcentaje igual o superior al 33%.
    • Personas en situación de dependencia, con independencia del grado que tengan reconocido.
    • Personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus COVID-19.

     

    2. En concreto, serán beneficiarias las siguientes personas trabajadoras, siempre y cuando se encontrasen en situación activa de trabajo a fecha 9 de marzo de 2020:

     

    a) Las personas trabajadoras por cuenta ajena que se incluyan dentro del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, a excepción del personal laboral del sector público de las administraciones públicas.

    b) Las personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas.

     

    Requisitos:

    En todo caso:

    1. Las excedencias y reducciones de jornada de trabajo deben haberse iniciado, o, en su caso, haberse adaptado o modificado (en el caso de las reducciones de jornada) desde el 9 de marzo de 2020.

    2. Residir y figurar empadronadas, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el transcurso de la actuación subvencionable.

    Además, deberán haber estado empadronadas de forma continuada en el año anterior a la fecha del día 9 de marzo de 2020, o, si no se cumple ese período mínimo, durante 5 años continuados dentro de los 10 inmediatamente anteriores.

    3. Haber sufrido una reducción efectiva en la remuneración salarial a causa del disfrute de la actuación subvencionable.

    4. Asimismo:

    A) En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea el hijo o la hija de la persona trabajadora:

     

    a) Ostentar la guarda y custodia, mientras dure la actuación subvencionable.
    b) Residir y figurar empadronada junto con el hijo o la hija durante el trascurso de la actuación subvencionable.
    No obstante, se excepciona el cumplimiento de la exigencia de empadronamiento en los supuestos de guarda y custodia compartida establecida en resolución judicial, en los que la persona menor podrá estar empadronada con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.
    c) Cuando se trate de hijos o hijas menores de tres años, la persona menor de edad debía estar matriculada en una guardería infantil a fecha 9 de marzo de 2020.
    d) Cuando se trate de hijos o hijas mayores de 14 años, con diversidad funcional o discapacidad reconocida, de porcentaje igual o superior al 33%, deberán estar matriculados o matriculadas en un centro educativo.

     

    B) En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea un familiar en situación de dependencia:

     

    a) Entre la persona trabajadora y la persona en situación de dependencia deberá existir un vínculo de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o de primer grado de afinidad, o bien, ser cónyuges o estar constituidos como pareja de hecho.
    b) El o la familiar en situación de dependencia deberá estar afectada por el cierre de un centro para personas mayores en situación de dependencia, en el que estuviera ingresado, de forma permanente, o, en su caso, ser usuaria de un centro de día de servicios sociales, o de un centro destinado a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

     

    C) En el caso de que la persona que haya precisado los deberes de asistencia, atención y cuidado sea un familiar enfermo (contagiadas o aisladas) que haya resultado afectado por el coronavirus COVID-19, deberá ser el o la cónyuge o pareja de hecho de la persona trabajadora, o existir entre la persona trabajadora y la persona enferma un vínculo de parentesco de primer grado de consanguinidad.

    a) Acreditación de la relación de filiación, de adopción, de tutela, de guarda por acogimiento, resolución judicial o con fines de adopción, de parentesco o, en su caso, la constitución como pareja de hecho.
    b) Acreditación actualizada del empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio, y que se computen para determinar la composición de la unidad familiar, a fecha 9 de marzo de 2020, e indicará la fecha desde la que la persona solicitante está empadronada en el municipio.
    c) Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia o la modificación de datos de cotización por reducción de jornada, en ambos casos para el cuidado de hijos e hijas, o de familiares, tipo de contrato ,a tiempo completo o a tiempo parcial, y período durante el que se ha estado en actuación subvencionable.
    En el supuesto de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas que coticen en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social no se les exigirá la baja por excedencia.
    En ese caso, deberán presentar certificado de la sociedad cooperativa acreditando su condición de personas socias trabajadoras o socias de trabajo de las sociedades cooperativas, la situación de excedencia o reducción de jornada, tipo de contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, períodos de tiempo en actuación subvencionable, tipo de cotización y si la misma ha sido alterada en la situación de excedencia o reducción de jornada.
    d) Acreditación de los ingresos fiscales.
    e) En el supuesto de que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado sea un familiar en situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia.
    f) En el supuesto de que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado sea una persona enferma (contagiada o aislada) que haya resultado afectada por el coronavirus COVID-19, informe médico acreditativo de dicha circunstancia.
    g) Declaración responsable de la persona solicitante referida al cumplimiento de los requisitos comunes exigidos, y, si procede, compresiva de los siguientes extremos, según el caso de que se trate:

    • Que el hijo o la hija menor de 3 años, destinataria de la asistencia, atención y cuidado, estaba matriculado o matriculada en una guardería infantil a fecha 9 de marzo de 2020.
    • Que el hijo o la hija mayor de 14 años, y con diversidad funcional o discapacidad reconocida, está matriculado o matriculada en un centro educativo.
    • Que la persona destinataria de la asistencia, atención y cuidado ha resultado afectada, según proceda: por el cierre de un centro para personas mayores en situación de dependencia, en el que estuviera ingresado, de forma permanente; de un centro de día de servicios sociales del que fuera usuaria; o de un centro destinado a personas en situación de dependencia y para la inclusión.
    • El periodo durante el cual se ha llevado a cabo el cierre de los centros anteriores, para el desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado a sus personas residentes o usuarias.
    • Que la excedencia o reducción de la jornada de trabajo ha tenido por objeto proporcionar la debida asistencia, atención y cuidado, de forma personal y directa, a una persona afectada (contagiada o aislada) por el coronavirus COVID-19.

    1. La cuantía de la ayuda se determinará en función de la renta familiar estandarizada.

    2. A tal efecto, se atenderá a los siguientes criterios:

    a) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a los hijos o las hijas se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia por cuidado de persona menor de 3 años o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de persona menor de 12 años, y que se concretan en el artículo 17 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
    b) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a personas en situación de dependencia, se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia, y que se concretan en el artículo 30 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
    c) La ayuda motivada por la debida asistencia, atención y cuidado a personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus COVID-19, se calculará de acuerdo a las disposiciones que resulten de aplicación para determinar la cuantía de las ayudas destinadas a las personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de extrema gravedad sanitaria, y que se concretan en el artículo 31 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

    3. La ayuda económica que corresponderá percibir a la persona trabajadora, será la cuantía resultante de la aplicación de los criterios anteriores, duplicada en su importe.

    4. A los efectos del cálculo de la cuantía de la ayuda, la reducción especial de la jornada de trabajo que alcance al 100% de la jornada se considerará asimilada a la situación de excedencia laboral.

    1. Las ayudas serán de aplicación a las excedencias y reducciones de jornada de trabajo que se hayan iniciado desde el 9 de marzo de 2020 y que se disfruten hasta la fecha en que pierda vigencia la declaración del estado de alarma, o, en su caso:

     

    a) Hasta el día en el que finalice la suspensión de la actividad lectiva, considerada la actividad lectiva de acuerdo al calendario escolar de cada centro educativo.
    b) Hasta el día inmediatamente anterior a aquel en el que tenga lugar la reapertura, para el desempeño o ejercicio de la actividad o de las funciones de asistencia, atención y cuidado correspondientes, de los siguientes centros: las guarderías infantiles; los centros para personas mayores en situación de dependencia; los centros de día de servicios sociales; o, los centros destinados a personas en situación de dependencia y para la inclusión.

     

    2. Asimismo, serán de aplicación a las reducciones de la jornada de trabajo que ya vinieran disfrutándose con anterioridad al día 9 de marzo, y que a partir de esa fecha hayan sido adaptadas por la persona trabajadora para asumir, de forma personal y directa, los deberes de asistencia, atención y cuidado de sus hijos e hijas, por razón de su edad, de personas dependientes, o de personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus COVID-19.

    3. El período en actuación subvencionable podrá haberse disfrutado interrumpidamente, con carácter discontinuo.

    Las ayudas no serán compatibles con otras que, para la misma finalidad, y por el mismo periodo que resulte subvencionable, concedan o puedan establecerse por cualesquiera otra de las administraciones públicas.

    1. Las solicitudes de ayuda podrán presentarse tanto por canal electrónico como no electrónico.

    2. Las solicitudes podrán presentarse, de forma presencial, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, en los siguientes lugares:

     

    a) En las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco.
    b) Ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

    El objetivo es compensar la pérdida de ingresos que lleve apareada la disminución en la remuneración salarial de las personas trabajadoras que se han tenido que ausentar del centro o puesto de trabajo, durante la totalidad de su jornada de trabajo, o en parte de la misma, para asumir los deberes de asistencia, atención y cuidado de sus hijos e hijas, por razón de su edad, o de personas dependientes, personas mayores o personas enfermas (contagiadas o aisladas) que hayan resultado afectadas por el coronavirus COVID-19.

     

    Período de solicitud

    El plazo de solicitud es 1 año desde el día siguiente a aquel en el que haya finalizado la vigencia del estado de alarma. Desde el día 20 de junio de 2020 hasta el 20 de junio de 2021, ambos inclusive. 

    Fecha inicio efectos

    Fecha de inicio de la situación de excedencia o reducción de jornada, teniendo en cuenta que, una u otra, deberá haberse iniciado cualquier día desde el 9 de marzo de 2020 (incluido).

    En el caso de reducciones de la jornada de trabajo que ya vinieran disfrutándose con anterioridad al día 9 de marzo, y que a partir de esa fecha hayan sido adaptadas o modificadas por la persona trabajadora, la fecha de inicio del periodo subvencionable será la correspondiente a aquella en la que se haya realizado la adaptación o modificación de la reducción de jornada.

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    Fecha de última modificación
    30/04/2020

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