19 prestaciones encontradas

Trabajadoras y trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución de la suspensión de la actividad.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • Comunicación sobre los miembros que integran la unidad familiar y sobre si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuenta con alguno otro tipo de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.
  • Certificado de empresa.
  • Declaración de la renta.

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo.

Mensual. 

  • 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo. 
  • Esta cuantía se incrementa en un 20% en caso de familia numerosa y si los ingresos de la unidad familiar proceden de la actividad suspendida. 
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tengan derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%, y no se aplica la condición de familia numerosa.
  • La prestación se puede cobrar desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y hasta el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.
  • El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro, es decir, esta prestación no consume el tiempo de la prestación ordinaria por cese que pueda corresponder en el futuro al autónomo, si cierra el negocio.

 

  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a trabajadoras y trabajdores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad a partir del 1 d octubre de 2020, como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta, pero las y los trabajadores autónomos quedan exonerados de la obligación de cotizar y dicho periodo se entiende como cotizado. 

Período de solicitud
  • La prestación debe solicitarse dentro de los primeros 15 días siguientes a la resolución de cierre de actividad.
  • En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud.
Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros
  • La prestación se puede cobrar desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y hasta el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.
  • En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud.

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Fecha de última modificación
06/10/2020

Trabajadoras y trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, desde antes del 1 de abril de 2020. 
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • No tener derecho a otra prestación por cese de actividad.
  • No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al SMI. 
  • Tener en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad de al menos el 50% respecto a los ingresos del primer trimestre del 2020.

 

  • Comunicación sobre los miembros que integran la unidad familiar y sobre si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuenta con alguno otro tipo de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.
  • Certificado de empresa.
  • Declaración de la renta.

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo.

Mensual (máximo 4 meses). 

  • 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo. 
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tengan derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%, y no se aplica la condición de familia numerosa.

La prestación se puede cobrar como máximo durante 4 meses y no podrá exceder el 31 de enero de 2021. 

 

 

  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a trabajadoras y trabajadores autónomos que no pueden acceder a ninguna otra prestación prevista por cese y que carecen de ingresos en el 4ª trimestre de 2020. Se trata, en esencia, de la misma prestación extraordinaria por suspensión de actividad, pero prevista para aquellos trabajadores autónomos que, no siendo afectados por el cierre de su actividad, ven reducidos sus ingresos y no tienen tampoco acceso a la prestación de cese de actividad regulada en el artículo 327 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.

Período de solicitud
  • Si se solicita antes del 15 de octubre: la prestación tendrá efectos retroactivos al 1 de octubre. 
  • En caso contrario, en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros
  • Se devengará con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente antes del 15 de octubre.

  • En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

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Fecha de última modificación
06/10/2020

Trabajadores autónomos de temporada.

  • Haber tenido un único trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019: para ello, no puede haber estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena más de 120 días entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
  • Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo comprendido entre los meses de junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
  • No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
  • No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo.
  • No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275€.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social: si no se cumple este requisito, la mutua de la Seguridad Social puede solicitar al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas.

Una declaración jurada de que se cumplen los requisitos. 

La cuantía de la prestación es la equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada.

Mensual (máximo 4 meses). 

La prestación se puede cobrar como máximo durante 4 meses y no podrá exceder el 31 de enero de 2021.

  • El trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. 
  • Con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo sea compatible con el desempeño de la actividad por cuenta propia. 
  • Cuando los ingresos de la actividad desarrollada durante 2020 superen los 23.275 euros.
  • Trabajadores autónomos incluídos en Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: esta prestación es incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada, va en línea con la prestación ya establecida para este colectivo en junio de 2020. Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre. Además, durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de la seguridad social correspondiente.

Período de solicitud
  • Se puede solicitar entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de enero de 2021.
  • Para recibir la prestación desde el 1 de octubre: la solicitud se debe realizar antes del 15 de octubre de 2020 (inclusive).
  • Si la solicitud se presenta en un fecha posterior, se concede la prestación con efectos desde el día siguiente de la presentación de la solicitud.
Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros
  • Se devengará con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente antes del 15 de octubre.
  • En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

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Fecha de última modificación
06/10/2020

Trabajadores autónomos.

Se les aplica prórroga o pueden solicitar la prestación los trabajadores autónomos que: 

  • Vinieran percibiendo, a 30 de septiembre, la prestación por cese de actividad prevista en el RD Ley 24/2020. 
  • Hasta el 31 de octubre perciban la prestación de cese de actividad y se les agote la prestación antes del 31 de diciembre de 2020.  
  • No hubieran percibido esta prestación durante el tercer trimestre de 2020 pero hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese de actividad que recogía el RD Ley 8/2020.

Requisitos: 

  • Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
  • Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad (artículo 338 del RD Legislativo 8/2015).
  • No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
  • Haber tenido una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75%, en relación con el mismo periodo del año 2019.
  • No haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.
  • En principio, la solicitud de la prestación implica su concesión automática (aunque provisional). En caso necesario, la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social puede requerir documentación. 
  • En caso de compatibilizar la prestación con trabajo por cuenta ajena, hay que presentar una declaración jurada junto con la solicitud donde figuren los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.

Mensual. 

  • La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.
  • Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrán superar 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. Dentro de este cálculo, los procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el SMI.  
  • La solicitud de la prestación implica su concesión automática pero provisional por parte de las Mutuas Colaboradoras; es decir, a partir de marzo de 2021, se comprobarán los datos y en su caso, se puede proceder a reclamar las prestaciones percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los ingresos establecidos. 
  • Se puede percibir como máximo hasta el 31 de enero de 2021. A partir de esta fecha, se podrá continuar percibiendo la prestación solo si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la LGSS.
  • Prestación extraordinaria de cese de actividad para autónomos por reducción de ingresos.    
  • Prestación extraordinaria por suspensión de actividad para autónomos.

Se debe solicitar ante la Mutua Colaboradora a la que se esté adherido.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo, a 30 de septiembre, la prestación por cese de actividad prevista en el RD Ley 24/2020 y que se contemplaba a partir del 30 de junio, podrán tener una prórroga hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020 también cumplan los requisitos. Asimismo, también podrán solicitar por primera vez esta prestación los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer trimestre de 2020, siempre que se cumplan los requisitos y hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese de actividad que recogía el RD Ley 8/2020. 

Este tipo de prestación por cese es compatible con el trabajo por cuenta ajena.

Período de solicitud

El plazo para solicitar la prestación con efectos desde el 1 de octubre de 2020, será antes del 15 de octubre; si se solicita después tendrá efectos desde el día siguiente al de la solicitud.

Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

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Fecha de última modificación
06/10/2020

  • Trabajadores autónomos.
  • El titular del punto de suministro o algún miembro familiar que esté en situación de desempleo, ERTE o que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados.  

Personas destinatarias:

  • Persona titular del punto de suministro o algún miembro familiar que se haya visto afectada por medidas de regulación de empleo, en situación de desempleo o que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados. 
  • Personas trabajadoras autónomas que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial.

Requisitos

El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social no podrán alcanzar los siguientes ingresos: 

  • 939,9€ (1,5 veces la doceava parte del IPREM de 14 pagas), en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • 1.253,2€ (2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), cuando haya un menor en la unidad familiar;
  • 1.566,5€ (2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
  • Se incrementa el cálculo anterior en aproximadamente 300€ en caso de que el consumidor/a o algun miembro familiar tenga discapacidad igual o superior al 33%; acredita la situación de violencia de género; tenga la condición de víctima del terrorismo; situación de dependencia reconocida de grado II o III; y, que la unidad familiar esté integrada por un único progenitos y, al menos, un menor. 

 

 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable la persona consumidora tiene que remitir al comercializados de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable, junto con la siguiente documentación acreditativa:

  • Situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

Descuento del 25% en el recibo con un límite sobre la energía consumida (ver requisitos en: más información).

Mensual.

  • Cálculo del descuento por condición de "vulnerable".
  • En base a los  ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud.
  • Hasta que reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
  • En cualquier caso, el derecho a percibir el bono en estos supuestos se extiende hasta el 30 de junio de 2021. 

 

 

El usuario enviará al email de la comercializadora de referencia con la acreditación requerida y el modelo solicitud.

  • Acreditación incompleta: la comercializadora debe notificarlo en un plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
  • Acreditación completa: en el plazo de 5 días hábiles, comunicará el resultado mediante correo electrónico o mediante canal telefónico. 
  • Solicitud aceptada: en el correo se indicará la fecha de aplicación de la medida y en dicho plazo, en caso de que sea necesario, hay que realizar el cambio de comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Empresa comercializadora de referencia.

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Disposición adicional sexta. 

A partir del Real Decreto Ley 30/2020 se amplía el periodo de descuento para personas autónomas y se contempla a otros consumidores eléctricos. Este supuesto sustituye y amplía la medida de carácter excepcional que, a través del RD Ley 11/2020, adoptó el Gobierno con motivo del estado de alarma y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo. 

Esta nueva medida supone poder acogerse a un 25% de reducción en la factura de la luz del hogar. Incluye como consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, en un ERTE o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados, así como en caso de personas autónomas, hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial. 

Fecha inicio efectos

30 de septiembre. 

Fecha prevista cobros

A partir del primer día del ciclo de la facturación en el que se haya recibido la solicitud.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Mayores de 23 años (o ser mayores de edad o menores emancipados, en caso de tener menores a cargo). 
  • Personas mayores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 1 año antes de la solicitud. 
  • Personas menores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 3 años antes de la solicitud. 
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el momento de pedir la prestación. La obligación de la búsqueda activa de empleo se podrá cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual.
  • No ser administrador de derecho de una sociedad mercantil, independientemente de la valoración del patrimonio, que no haya cesado en su actividad.
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.
     
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento. 
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. En un principio, no habrá que presentar dicha documentación y la obtención de estos datos y la confirmación de los requisitos exigidos en este sentido lo hará la Administración. Sin embargo, cuando no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación, se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto.

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

En general, todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, siempre que a esa fecha se cumpliesen todos los requisitos.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22)
  • Se firmarán convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.
     

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

A partir de algunas modificaciones en la ley reguladora del IMV, se amplia el plazo para el cobro retroactivo y se modifica la exigencia de estar inscrito como demandante de empleo. Además, se suprime también documentación a aportar por los solicitantes, que se contrastará y obtendrá por la Adminitración. Asimismo, también podrán optar a la prestación las personas mayores de 65 años.

Período de solicitud
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 31 de diciembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  
  • La resolución y la notificación se hará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro de solicitud. Si transcurre dicho plazo sin que se notifique una resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.
  • En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha, la prestación se cobrará el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

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Fecha de última modificación
01/10/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

Hasta máximo 4 meses. 

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
06/10/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

Trabajadores autónomos en "situación de vulnerabilidad económica" según artículo 16 que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Hasta tres meses.

Fin moratoria: el pago de las cuotas hipotecarias se extenderá por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria (aunque el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente).

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se amplia hasta el 29 de septiembre de 2020.

Se otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital), para los inmuebles afectos a una actividad turística.

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

  • ERTE.
  • Personas trabajadoras con hijos o hijas a cargo.

Personas trabajadoras que, por causa del COVID-19, hayan tenido una suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada por razones de fuerza mayor o por causas productivas mediante ERTE y que corresponda por tener hijos o hijas a cargo, aunque el SEPE no disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Acreditación de la aplicación del ERTE por parte de la empresa.

Mensual.

Se regulariza de oficio un aumento en las cantidades de la prestación por desempleo para las personas afectadas por un ERTE y que tengan hijos o hijas a cargo.

  • Hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal.
  • La duración máxima del ERTE se ha prolongado hasta el 31 de enero de 2021.
  • La prestación de desempleo se solicita directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE.
  • El SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

En el reconocimiento de las solicitudes colectivas que están presentando las empresas en relación con los trabajadores afectados por ERTEs, inicialmente solo se han tenido en cuenta los hijos e hijas a cargo de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía información en su sistema. Con objeto de acelerar el procedimiento, una vez tengan reconocidas las prestaciones, regularizarán de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Fecha inicio efectos

12 de abril.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

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