29 prestaciones encontradas

Desempleo (personas que han agotado derecho a otras prestaciones). 

Personas destinatarias: 

Quienes hayan agotado después del 14 de marzo y antes del 30 de junio de 2020 las siguientes prestaciones:

  • Prestación contributiva de desempleo; y que no tengan derecho a ningún otro subsidio.
  • Subsidio por desempleo. 
  • Subsidio extraordinario de desempleo (SED). 
  • Subsidio de cotizaciones insuficientes. 
  • Renta Activa de Inserción (RAI). 

Requisitos: 

  • Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo.
  • Haber agotado o carecer del derecho a las prestaciones o ayudas mencionadas. Las personas que hayan agotado la prestación contributiva y estén a la espera del subsidio por desempleo, pueden acceder al mismo y posteriormente a este subsidio especial de agotamiento (se descuenta del subsidio especial el tiempo que se haya cobrado del subsidio extraordinario). 
  • No ser beneficiario de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública.
  • En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último derecho reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de desempleo.
  • No tener cumplida la edad para acceder a la pensión de jubilación, sea contributiva o no contributiva.
  • No se exige: cumplir el mes de espera, carecer de rentas propias superiores al 75% del SMI y acreditar responsabilidades familiares y carecer de rentas en la unidad familiar.

430 euros. 

  • Mensual (hasta 3 meses). 
  • No se puede percibir el subsidio en más de una ocasión. 

La cuantía del subsidio es igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos múltiples (IPREM) vigente.

Durante tres meses. 

Cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública.

La solicitud se puede realizar a través de: 

Período de solicitud
  • Nuevo plazo de solicitud: de un mes a partir del 25 de diciembre de 2020. 
  • Si se ha realizado la solicitud entre el 6 y el 30 de noviembre y está pendiente de resolución, no hay que presentar una nueva solicitud. 

 

Fecha inicio efectos

Al día siguiente de la solicitud.

Fecha prevista cobros

A partir del mes siguiente al de la solicitud.

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Fecha de última modificación
28/12/2020

Trabajadoras y trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de enero de 2021. 
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se solicita al trabajador que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • Comunicación sobre los miembros que integran la unidad familiar y sobre si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuenta con alguno otro tipo de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.
  • Certificado de empresa.
  • Declaración de la renta.

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo.

Mensual. 

  • 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo. 
  • Esta cuantía se incrementa en un 20% en caso de familia numerosa y si los ingresos de la unidad familiar proceden de la actividad suspendida de la persona solicitante. 
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tienen derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%, y no se incrementa en un 20% por familia numerosa.
  • Máximo 4 meses. Pueden seguir percibiendo la prestación durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021 si esta última fecha es anterior.
  • El tiempo de percepción de la prestación no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro, es decir, esta prestación no consume el tiempo de la prestación ordinaria por cese que pueda corresponder en el futuro al autónomo, si cierra el negocio.
  • La exoneración de la obligación de cotizar se extiende desde el primer día del mes en el que se adopta la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida o hasta el 31 de mayo de 2021, si esta última fecha es anterior.

 

  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a trabajadoras y trabajdores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad a partir del 1 de octubre de 2020, como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta, pero las y los trabajadores autónomos quedan exonerados de la obligación de cotizar y dicho periodo se entiende como cotizado. 

Se prorroga esta prestación desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021.

Período de solicitud
  • La prestación debe solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales a la resolución de cierre de actividad.
  • En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud.
Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

El derecho a la prestación nace desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente.

Fecha prevista cobros
  • La prestación se puede cobrar desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y hasta el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.
  • En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el día de la solicitud.

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Fecha de última modificación
27/01/2021

Trabajadoras y trabajadores autónomos.

a) Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en su caso. 

b) Tener cubierto el periodo mínimo de cotización. 

c) No tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. 
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se solicita al trabajador que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 

e) Acreditar una reducción de los ingresos de la actividad por cuenta propia en el primer semestre de 2021 de más del 50% de los habidos en el segundo semestre de 2019.

f) No haber obtenido unos rendimientos superior a 7.890€ durante el primer semestre de 2021. 

g) Si la persona solicitando tiene uno o más trabajadores a su cargo, se debe acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que se tengan asumidas, a travñes de una declaración responsable. 

h) En este caso, el trabajador autónomo debe ingresar la totalidad de las cotizaciones correspondientes. Si se deja de desarrollar actividad alguna, la mutua colaboradora abonará a la persona trabajadora el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar. Si el cese definitivo de la actividad se produce antes del 31 de mayo de 2021, en el cálculo de la prestación se tomarán en cuenta los límites anteriormente citados de forma proporcional al tiempo de duración de la actividad. 

i) Esta prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena en los siguientes supuestos: 

  • Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no pueden superar 2,2 veces el SMI. En este cálculo, los ingresos por cuenta ajena no pueden superar 1,25 veces el SMI.

  • La cuantía de la prestación, en este caso, será el 50% de la base de cotización mínima que corresponda por la actividad.

 

  • Declaración jurada de los ingresos. 
  • Declaración de la renta. 
  • Certificado de empresa. 

El importe de esta prestación es el que corresponda por la base de cotización.

Mensual.

Hasta el 31 de mayo de 2021 como máximo. 

A partir de esta fecha solo se puede continuar percibiendo la prestación si se cumplen todos los requisitos de la Ley General de la Seguridad Social.

 

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Las personas trabajadoras autónomas que venían percibiendo esta prestación podían continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021. A partir del 1 de febrero de 2021, se prorroga esta prestación y se flexibilizan los requisitos de ingresos. Se puede percibir como máximo hasta el 31 de mayo de 2021. 

Esta prestación es también compatible con el trabajo por cuenta ajena. 

Período de solicitud
  • Si se solicita en los primeros 21 días naturales de febrero: la prestación tendrá efectos retroactivos al 1 de febrero. 
  • En caso contrario, en el siguiente día a la presentación de la solicitud.
Fecha inicio efectos
  • Desde 1 de febrero de 2021, si se solicita dentro de los primeros 21 días naturales de febrero, o
  • En otro caso, con efecto desde el día siguiente a la solicitud, debiendo ser regularizada a partir del 1 de septiembre de 2021. 

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Fecha de última modificación
27/01/2021

Trabajadores autónomos de temporada.

  • Haber tenido un único trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019: para ello, no puede haber estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena más de 120 días durante dicho periodo.
  • Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos 4 meses y máximo 6 meses en cada uno de los años 2018 y 2019.
  • No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el primer semestre del año 2021.
  • No obtener durante la primera mitad del año 2021 unos ingresos netos que superen los 6.650 euros.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social: si no se cumple este requisito, la mutua de la Seguridad Social puede solicitar al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas.

Una declaración jurada de que se cumplen los requisitos. 

Mensual (máximo 4 meses). 

La cuantía de la prestación es la equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada.

La prestación se puede cobrar como máximo durante 4 meses y hasta 31 de mayo de 2021.

  • El trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. 
  • Con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo sea compatible con el desempeño de la actividad por cuenta propia. 
  • Cuando los ingresos de la actividad desarrollada en la primera mitad del año 2021 superen los 6.650 euros.
  • Trabajadores autónomos incluídos en Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: esta prestación es incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada, va en línea con la prestación ya establecida para este colectivo en junio de 2020. Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre. Además, durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de la seguridad social correspondiente.

Período de solicitud

Se puede solicitar entre el 27 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021.

Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020 y con la nueva prórroga y condiciones, desde el 1 de febrero de 2021. 

Fecha prevista cobros
  • Se devengará con efectos de 1 de febrero de 2021 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente durante los primeros 21 días naturales del mes de febrero. 
  • En caso contrario, los efectos de cobro son el siguiente día al de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

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Fecha de última modificación
27/01/2021

Trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de abril de 2020. 
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social antes del 1 de abril 2020. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • No tener rendimientos netos computables de la actividad desarrollada por cuenta propia en el primer semestre de 2021 superiores a 6.650 euros.
  • Acreditar en el primer semestre de 2021 ingresos inferiores a los habidos en el primer trimestre de 2020: para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta enel primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los ingresos habidos en el primer semestre de 2021 en la misma proporción.
  • El derecho a esta prestación se extingue si durante la percepción de la misma la persona solicitante llega a cumplir los requisitos para percibir la prestación ordinaria de cese de actividad o la prestación extraordinaria de cese de actividad compatible con la actividad por cuenta propia por reducción de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena. 
  • Autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso.
  • Un certificado de empresa y la declaración de la renta.

 

 

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada por el autónomo.

 

Mensual. 

  • La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tienen derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.

Máximo durante 4 meses. 

Las personas que perciban esta prestación y no esténcotizando por cese de actividad están obligadas a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.

  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

Se debe solicitar ante la Mutua Colaboradora a la que se esté adherido. 

Se debe comunicar a la entidad gestora los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de ingresos.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria está dirigida a trabajadores autónomos que no causan derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad, ni a la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos. Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en la seguridad social, pero las y los trabajadores autónomos quedan exonerados de la obligación de cotizar y dicho periodo se entiende como cotizado.

Esta prestación se prorroga a partir del 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2021. 

Período de solicitud
  • Si se solicita en los primeros 21 días naturales de febrero, se puede cobrar la prestación con efectos de 1 de febrero de 2021. 
  • Si no se solicitan en dichos días, la prestación tiene efectos en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será hasta el 31 de mayo de 2021 como máximo. 

 

Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros

Esta prestación se puede empezar a cobrar con efectos de 1 de febrero de 2021, siempre y cuando se solicite en los primeros 21 días naturales de febrero. En caso contrario, la prestación tiene efectos en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración será hasta 31 de mayo de 2021.

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Fecha de última modificación
27/01/2021

  • Trabajadores autónomos.
  • El titular del punto de suministro o algún miembro familiar que esté en situación de desempleo, ERTE o que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados.  

Personas destinatarias:

  • Persona titular del punto de suministro o algún miembro familiar que se haya visto afectada por medidas de regulación de empleo, en situación de desempleo o que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados. 
  • Personas trabajadoras autónomas que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial.

Requisitos

El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social no podrán alcanzar los siguientes ingresos: 

  • 939,9€ (1,5 veces la doceava parte del IPREM de 14 pagas), en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • 1.253,2€ (2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), cuando haya un menor en la unidad familiar;
  • 1.566,5€ (2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
  • Se incrementa el cálculo anterior en aproximadamente 300€ en caso de que el consumidor/a o algun miembro familiar tenga discapacidad igual o superior al 33%; acredita la situación de violencia de género; tenga la condición de víctima del terrorismo; situación de dependencia reconocida de grado II o III; y, que la unidad familiar esté integrada por un único progenitos y, al menos, un menor. 

 

 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable la persona consumidora tiene que remitir al comercializados de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable, junto con la siguiente documentación acreditativa:

  • Situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

Descuento del 25% en el recibo con un límite sobre la energía consumida (ver requisitos en: más información).

Mensual.

  • Cálculo del descuento por condición de "vulnerable".
  • En base a los  ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud.
  • Hasta que reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
  • En cualquier caso, el derecho a percibir el bono en estos supuestos se extiende hasta el 30 de junio de 2021. 

 

 

El usuario enviará al email de la comercializadora de referencia con la acreditación requerida y el modelo solicitud.

  • Acreditación incompleta: la comercializadora debe notificarlo en un plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
  • Acreditación completa: en el plazo de 5 días hábiles, comunicará el resultado mediante correo electrónico o mediante canal telefónico. 
  • Solicitud aceptada: en el correo se indicará la fecha de aplicación de la medida y en dicho plazo, en caso de que sea necesario, hay que realizar el cambio de comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Empresa comercializadora de referencia.

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Disposición adicional sexta. 

A partir del Real Decreto Ley 30/2020 se amplía el periodo de descuento para personas autónomas y se contempla a otros consumidores eléctricos. Este supuesto sustituye y amplía la medida de carácter excepcional que, a través del RD Ley 11/2020, adoptó el Gobierno con motivo del estado de alarma y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo. 

Esta nueva medida supone poder acogerse a un 25% de reducción en la factura de la luz del hogar. Incluye como consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, en un ERTE o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados, así como en caso de personas autónomas, hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial. 

Fecha inicio efectos

30 de septiembre. 

Fecha prevista cobros

A partir del primer día del ciclo de la facturación en el que se haya recibido la solicitud.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.
  • Mayores de 23 años (o ser mayores de edad o menores emancipados, en caso de tener menores a cargo). 
  • Personas mayores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 1 año antes de la solicitud. 
  • Personas menores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 3 años antes de la solicitud. 
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el momento de pedir la prestación. La obligación de la búsqueda activa de empleo se podrá cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual.
  • No ser administrador de derecho de una sociedad mercantil, independientemente de la valoración del patrimonio, que no haya cesado en su actividad.
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, así como para personas en exclusión social. 
  • Se suprime el límite de titulares del IMV en un mismo domicilio (hasta ahora 2), para eliminar las barreras de acceso que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como para reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos.
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento. 
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. En un principio, no habrá que presentar dicha documentación y la obtención de estos datos y la confirmación de los requisitos exigidos en este sentido lo hará la Administración. Sin embargo, cuando no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación, se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto.

Se contempla que los servicios sociales, y transitoriamente las entidades del tercer sector, puedan acreditar situaciones de riesgo de exclusión social en las que, por ejemplo, el domicilio real de la persona beneficiaria no se corresponde con el del padrón o en los supuestos de convivientes sin vínculo de parentesco.

 

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

En general, todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, siempre que a esa fecha se cumpliesen todos los requisitos.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22).
  • Las solicitudes correspondientes a personas con residencia en el País Vasco se deben presentar únicamente a través del servicio sin certificado digital.

Seguridad Social. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

 

Período de solicitud
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 31 de diciembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  
  • La resolución y la notificación se hará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro de solicitud. Si transcurre dicho plazo sin que se notifique una resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.
  • En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha, la prestación se cobrará el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

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Fecha de última modificación
05/02/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

Hasta máximo 4 meses. 

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
03/10/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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Fecha de última modificación
16/09/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria no sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

La moratoria se aplica de forma automática y durante el Estado de Alarma y sus prórrogas (prorrogable hasta máximo 4 meses).

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y aunque los arrendadores no sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Desde el 23 de abril en el plazo de un mes.

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
26/04/2020