20 prestaciones encontradas

Trabajadores autónomos.

Personas trabajadoras por cuenta propia que:

  • Hayan cesado su actividad.
  • Su facturación en el mes anterior se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio del semestre anterior.

Requisitos:

  • Estar de alta, a 14 de marzo de 2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no se cumple este requisito, el órgano gestor permitirá que el trabajador autónomo ingrese, en treinta días naturales, las cuotas debidas.
  • No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente.
  • Cese de actividad por fuerza mayor: declaración jurada con la fecha de la producción de la fuerza mayor.
  • Acreditación de la reducción de la facturación: información contable que lo justifique, a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos (aquellos autónomos que no estén obligados a llevar el libro, acreditar la reducción mínima de 75% a través de un medio admitido en derecho).
  • Toda solicitud tiene que ir con una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos.

70% base reguladora.

En cuanto a la exención en la cotización, a partir del 1 de julio de 2020, será del 100% en julio, del 50% en agosto y del 25% en el mes de septiembre. 

Mensual. 

  • El 70% de la base reguladora.
  • Cuando no se acredite el período mínimo de cotización: 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.

El RD Ley 11/2020 estableció la incompatibilidad de la Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con cualquier otra prestación de la Seguridad Social. No obstante, este punto se ha modificado mediante el RD Ley 13/2020, que establece que es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que la persona viniera percibiendo y fuese compatible con la actividad que desarrollaba. Salvo la percepción de las ayudas por paralización de la flota, en el caso de autonómos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Con carácter general, la gestión de esta prestación corresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o trabajadora.
En el caso de los autónomos en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la gestión corresponde al Instituto Social de la Marina.
Actualmente, las mutuas y el ISM (y el SEPE) han habilitado formularios en sus páginas web para descargar la solicitud y adjuntar la documentación pertinente para realizar la gestión de manera totalmente telemática.

La mutua colaboradora con la Seguridad Social; Instituto Social de la Marina.

El tiempo de percepción de la prestación se entiende como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. A partir del RD Ley 24/2020 se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad a 30 de junio y dejen de percibirla, disfrutarán de una exención en la cotización del 100% en el mes de julio, del 50% en el mes de agosto, y del 25% en el mes de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

Hechos posteriores al 14/03/2020.

Fecha prevista cobros

30 días habiles (pero las mutuas pueden sufrir retrasos).

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Fecha de última modificación
03/07/2020

Toda la ciudadanía.

Personas perceptoras del bono social a las que les expire el bono durante la situación de emergencia sanitaria del Covid19. En concreto, una prórroga de forma automática de todos los bonos que expiren hasta el 30 de septiembre de 2020.

Descuento.

Mensual.

Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. El objetivo es evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos.  

Hasta el 30/09/2020.

Automático, no es necesario solicitud.

Empresa comercializadora de referencia.

Fecha inicio efectos

18 de marzo (entrada en vigor del RD Ley 8/2020).

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Fecha de última modificación
09/08/2020

Toda la ciudadanía.

Cualquier domicilio que tenga la consideración de primera vivienda.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

Hasta el 30 de septiembre de 2020, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores. La duración del estado de alarma no computará a efectos de los plazos de pagos y suspensión de suministros por impago.

Activo hasta el 30 de septiembre de 2020

  • Solo se puede cortar el suministro por cuestiones de seguridad del suministro, de las personas y las instalaciones.
  • Puntos de suministro de gas natural: sólo se puede suspender si el plazo de ejecución de la inspección hubiera vencido con anterioridad al inicio del Estado de Alarma sin que dicha inspección hubiera sido realizada.
  • Si la inspección hubiera detectado alguna anomalía secundaria y el plazo para su resolución hubiera vencido al inicio del Estado de Alarma sin ser solucionado.

Se debe solicitar al suministrador correspondiente. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

ciudadano@idae.es

Teléfono: 913146673,con horario de atención al público de 9 a 14, de lunes a viernes.

Excepcionalmente, y hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Período de solicitud

Se podrá solicitar desde el 2 de abril hasta el 30 de septiembre. 

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Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:
Personas en situación de vulnerabilidad social según el artículo 16, a las que se aplica suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor del RD Ley 11/2020 (2 de abril) y cuando el préstamo o crédito no hipotecario esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Requisitos:
El deudor en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a)El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b)El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c)En caso de hacer frente a un pago periódico (de una renta de alquiler y/u otro tipo de financiación no hipotecaria) o a un único préstamo, la suma de estos importes, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, aunque la persona fuese beneficiaria de la moratoria hipotecaria.

d)Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, aunque la persona fuese beneficiaria de la moratoria hipotecaria. El esfuerzo que represente el total de la carga de dichos importes o del único préstamo (artículo 18) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia (expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma).

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del Estado de Alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (durante tres meses ampliables).

Moratoria para créditos y préstamos que no sean hipotecarios. Los importes que serían exigibles en caso de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.

Tres meses ampliables.

Presentar una solicitud a la entidad financiera.

Acreedores o entidades prestamistas

Si estás pagando un préstamo no hipotecario o un crédito no hipotecario y reúnes las condiciones necesarias, podrás acogerte a la moratoria que permite aplazar tres meses la cuota, aunque este plazo podrá ser prorrogable. Es decir, que durante el tiempo que dure el aplazamiento, no se te cobrará dicha cuota.

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

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Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas arrendatarias (pequeño propietario).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y la persona arrendadora sea un pequeño propietario.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual.

Solicitud: el arrendatario solicitará por escrito al arrendador el aplazamiento.

Resolución: la persona propietaria comunicará al inquilino,en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones. En este caso, el propietario puede decir si acepta o no. Si el propietario no acepta ningún acuerdo, el inquilino podrá acceder a los microcréditos avalados por el estado.

Arrendador/arrendatario.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

Moratoria: a partir de la siguiente mensualidad de la renta posterior al 2 de abril (entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020).

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Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Las que tienen contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen desde el 2 de abril y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma.

Requisitos: la persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de

  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

Máximo 6 meses. Esta prórroga se aplica a todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 2 de abril y el 30 de septiembre de 2020.

Solicitud previa del arrendatario al arrendador que deberá de ser aceptada por el mismo (salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).

Arrendatario/arrendador.

Período de solicitud

Desde el 2 de abril (entrada en vigor del RD Ley 11/2020) hasta el 30 de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

2 de abril.

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Fecha de última modificación
09/09/2020

Trabajadores autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad que retomen su actividad

Trabajadores autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad que retomen su actividad

No es necesario solicitar la exención, pues se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con todos los autónomos que dejen de percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad, mantengan el alta en el régimen correspondiente y no soliciten la prestación por cese de actividad.

En julio, los beneficiarios/as de la prestación extraordinaria por cese de actividad no pagarán cuota de Seguridad Social porque la exoneración será del 100%. En agosto, se pagará la mitad, ya que la exoneración alcanzará el 50% en la cuota, y en la cuota del mes de septiembre, pagarán un 25% menos que en la cuota ordinaria.

En julio, los beneficiarios/as de la prestación extraordinaria por cese de actividad no pagarán cuota de Seguridad Social porque la exoneración será del 100%. En agosto, se pagará la mitad, ya que la exoneración alcanzará el 50% en la cuota, y en la cuota del mes de septiembre, pagarán un 25% menos que en la cuota ordinaria.

  • Sistema RED: no hace falta presentar un documento de solicitud, es suficiente comunicar los periodos de los que se solicitan el aplazamiento o moratoria. En caso de que no se tenga sistema RED, la vía es la SEDESS.
  • Sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS):en este caso, hay que presentar las solicitudes en la sede electrónica.
  • Autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo.

Nota: en caso de las moratorias, con la Orden que se apruebe, previsiblemente en mayo, se implantará un nuevo servicio de forma que no surtirán efecto las solicitudes que se presenten a través de medios distintos a los indicados.

Tesorería General de la Seguridad Social.

Buzón de consultas:pinche aquí.

Teléfono:901502050, con atención de Lunes a Viernes entre las 8:30 y las 18:30 hrs.

A partir del 1 de julio los autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad se beneficiarán automáticamente de una exoneración en las cuotas a la Seguridad Social de los meses de julio, agosto y septiembre.

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Fecha de última modificación
04/07/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y con la imposibilidad de encontrar alternativa habitacional.
  • En caso de que las personas arrendadoras (caseros) acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá comunicarse a los servicios sociales para la adopción de las medidas correspondientes.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir que:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) La UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

  • Máximo 6 meses desde el 2 de abril (entrada en vigor del RD Ley 11/2020), o,
  • Hasta la fecha que figure en el decreto del Juzgado (atendiendo al informe de los Servicios Sociales).

Transcurrido el plazo fijado: se reanudará el cómputo de los 10 días o señalará fecha para la vista.

Acreditación por parte del inquilino, ante el Juzgado, de la situación de vulnerabilidad económica.

Administración de Justicia y Servicio Sociales referentes.

Período de solicitud

Ver normativa.

Fecha inicio efectos

Carácter retroactivo a la fecha en que se produjo la situación(es) de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.

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Fecha de última modificación
26/04/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Autónomos que hayan cesado su actividad.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:
Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa de la emergencia sanitaria y que tengan un contrato de alquiler en vigor.

Requisitos:

Se considera que la persona arrendataria está en situación de vulnerabilidad siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda: 2.689 euros (límite de 5 veces el IPREM).

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

e) No es exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

f)En caso de ser varios los titulares de un mismo contrato de alquiler, es obligatorio que todos ellos formalicen como prestatarios un solo contrato de préstamo, del que responderán todos de forma solidaria.

Junto con estos documentos, se tiene que presentar el modelo de solicitud del préstamo(del Anexo I de la Orden TMA/378/2020).

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

e) Titularidad de los bienes: certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos incluida en el modelo de solicitud.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos anteriores, será suficiente con una declaración responsable, con una justificación expresa de los motivos por los cuales no se pueden aportar. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de tres meses para su aportación a la entidad de crédito.

  • La cuantía del préstamo puede alcanzar hasta el 100 % del importe de seis mensualidades.
  • Máximo de 5.400 euros (que corresponden a un máximo de 900 euros al mes).

Mensual (máximo 6 mensualidades), aunque se puede acordar otra periodicidad.

En términos generales, para la devolución de los microcrétidos, el inquilino tiene un plazo de seis años, que puede ser prorrogable excepcionalmente por otros cuatro. Para esta prórroga, es necesario poder acreditar que persiste la situación de vulnerabilidad.

  • Sin gastos e intereses para el solicitante.
  • En caso que el arrendatario incurra en falsedad, ocultación o inexactitud en los requisitos o se beneficie indebidamente, se procederá al reintegro de la subvención por gastos e intereses.
  • Durante 6 meses desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y la persona arrendataria (puede solicitarse con carácter retroactiva desde el 1 de abril). Los 6 meses no pueden superar el fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.
  • Hasta la agotación presupuestaria.

Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las personas arrendatarias a través de entidades financieras. La entidad de crédito puede abonar el importe del préstamo directamente a la persona solicitante o a la entidad arrendadora de la vivienda, comunicándoselo antes al titular del préstamo.

Entidades financieras.

Se fija el importe máximo de la línea de avales por un importe total de hasta 1.200 millones de euros.

Período de solicitud
  • Las personas inquilinas tienen que solicitar los préstamos antes del 30 de septiembre de 2020, y
  • Los contratos de préstamo se tienen que formalizar antes del 31 de octubre de 2020.
Fecha inicio efectos

Se pueden solicitar las ayudas con carácter retroactivo al 1 de abril.

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Fecha de última modificación
15/05/2020

  • Arrendatarias (parque público de alquiler protegido).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y el o la propietaria es un gran tenedor de vivienda y empresas o entidades públicas de vivienda.
  • Todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda (RDL 27/2012).

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

  • Reducción del 50% de la renta o,
  • Moratoria en el pago de la renta del alquiler, que se aplicará de manera automática si no se elige expresamente la primera opción por el arrendador.

Mensual (todo el periodo de alarma y se puede extender durante un máximo de 4 meses más si la intensidad de la vulnerabilidad lo requiere).

En el caso de que no haya acuerdo, el/la propietario/a, en un plazo de 7 días, comunicará al/la inquilino/a una de las siguientes alternativas:

a) Reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de Alarma.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia de manera automática.

  • El periodo que dure el estado de alarma (prorrogable hasta máximo 4 meses) y/o,
  • Hasta que se supere la situación de vulnerabilidad económica.

Devolución: pago fraccionado de las cuotas durante al menos 3 años (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas) sin intereses.

  • Si el inquilino solicita los microcréditos avalados por el Estado.
  • Si el inquilino o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita la vivienda sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Excepciones:

  • Cuando el derecho de propiedad o usufructo recaiga únicamente sobre una parte proporcional de la vivienda y,
  • Sea por herencia y acrediten la no disponibilidad de la misma.
  • Cuando la vivienda resulta inaccesible por razón de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar.

El arrendatario solicitará al arrendador por escrito el aplazamiento temporal o la remisión total o parcial (salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).

Arrendador/arrendatario.

Período de solicitud

Cuando el o la propietaria es un gran tenedor de viviendas alquiladas, una empresa o un fondo de inversión, se puede presentar la solicitud de moratoria hasta el 30 de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

Moratoria: a partir de la siguiente mensualidad de la renta posterior al 2 de abril (entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020).

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Fecha de última modificación
09/09/2020

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