37 prestaciones encontradas

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.
  • Mayores de 23 años (o ser mayores de edad o menores emancipados, en caso de tener menores a cargo). 
  • Personas mayores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 1 año antes de la solicitud. 
  • Personas menores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 3 años antes de la solicitud. 
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el momento de pedir la prestación. La obligación de la búsqueda activa de empleo se podrá cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual.
  • No ser administrador de derecho de una sociedad mercantil, independientemente de la valoración del patrimonio, que no haya cesado en su actividad.
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, así como para personas en exclusión social. 
  • Se suprime el límite de titulares del IMV en un mismo domicilio (hasta ahora 2), para eliminar las barreras de acceso que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como para reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos.
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento. 
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. En un principio, no habrá que presentar dicha documentación y la obtención de estos datos y la confirmación de los requisitos exigidos en este sentido lo hará la Administración. Sin embargo, cuando no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación, se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto.

Se contempla que los servicios sociales, y transitoriamente las entidades del tercer sector, puedan acreditar situaciones de riesgo de exclusión social en las que, por ejemplo, el domicilio real de la persona beneficiaria no se corresponde con el del padrón o en los supuestos de convivientes sin vínculo de parentesco.

 

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

En general, todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, siempre que a esa fecha se cumpliesen todos los requisitos.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22).
  • Las solicitudes correspondientes a personas con residencia en el País Vasco se deben presentar únicamente a través del servicio sin certificado digital.

Seguridad Social. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una nueva prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, lo que supone que, siempre que se cumplan los requisitos, se podrá recibir la prestación. 

Se aprueba la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que se regía por el Real Decreto-ley 20/2020.

 

Período de solicitud
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 31 de diciembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  
  • La resolución y la notificación se hará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro de solicitud. Si transcurre dicho plazo sin que se notifique una resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.
  • En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha, la prestación se cobrará el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

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Fecha de última modificación
05/02/2021

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

Hasta máximo 4 meses. 

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
03/10/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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Fecha de última modificación
16/09/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria no sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

La moratoria se aplica de forma automática y durante el Estado de Alarma y sus prórrogas (prorrogable hasta máximo 4 meses).

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y aunque los arrendadores no sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Desde el 23 de abril en el plazo de un mes.

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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Fecha de última modificación
26/04/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

  • Personas deudoras hipotecarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según el artículo 16 y que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda habitual o,
  • Aquellas viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, para las que la persona propietaria o arrendadora haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de Alarma o hasta un mes después de su finalización.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente la total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Estas moratorias se podrán solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

Trabajadores autónomos en "situación de vulnerabilidad económica" según artículo 16 que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Hasta tres meses.

Fin moratoria: el pago de las cuotas hipotecarias se extenderá por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria (aunque el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente).

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se amplia hasta el 29 de septiembre de 2020.

Se otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital), para los inmuebles afectos a una actividad turística.

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

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Fecha de última modificación
30/09/2020

  • ERTE.
  • Personas trabajadoras con hijos o hijas a cargo.

Personas trabajadoras que, por causa del COVID-19, hayan tenido una suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada por razones de fuerza mayor o por causas productivas mediante ERTE y que corresponda por tener hijos o hijas a cargo, aunque el SEPE no disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Acreditación de la aplicación del ERTE por parte de la empresa.

Mensual.

Se regulariza de oficio un aumento en las cantidades de la prestación por desempleo para las personas afectadas por un ERTE y que tengan hijos o hijas a cargo.

  • Hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal.
  • La duración máxima del ERTE se ha prolongado hasta el 28 de febrero de 2021.
  • La prestación de desempleo se solicita directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE.
  • El SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

En el reconocimiento de las solicitudes colectivas que están presentando las empresas en relación con los trabajadores afectados por ERTEs, inicialmente solo se han tenido en cuenta los hijos e hijas a cargo de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía información en su sistema. Con objeto de acelerar el procedimiento, una vez tengan reconocidas las prestaciones, regularizarán de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Fecha inicio efectos

12 de abril de 2020.

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Fecha de última modificación
04/10/2021

Desempleo (trabajadores temporales)

Personas trabajadoras que cumplan los siguientes requisitos:

  • Inscribirse como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad (durante la vigencia del estado de alarma, la inscripción se realiza de oficio por el servicio público de empleo competente) y,
  • Se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, a partir del 15 de de marzo, y
  • No hayan cotizado lo suficiente para acceder a una prestación por desempleo u otro subsidio y,
  • La unidad familiar carece de rentas anuales superiores al del 75% del SMI (en cómputo mensual, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias), que equivale a 712,50 euros y,
  • No ser perceptor o perceptora de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
  • No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional.

430,27 euros.

Mensual. Un único mes (ampliable).

80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

1 mes (ampliable).

Ayudas similares concedidas por cualquier Administración Pública (incluyendo subsidio por desempleo y RGI).

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Subsidio para personas trabajadoras que disfrutasen de un contrato de, al menos, dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del Estado de Alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una prestación por desempleo.

Período de solicitud

Desde el 5 de mayo hasta el día en que finaliza el mes siguiente al día de fin de vigencia del estado de alarma.

Fecha inicio efectos

La fecha de inicio de efectos del derecho será:

  • A partir del día siguiente a aquel en que se haya extinguido el contrato de trabajo de duración determinada (siempre a partir del 15 de marzo), o
  • En caso de no haber disfrutado el periodo vacacional retribuido con anterioridad a la finalización del contrato temporal, el derecho al subsidio surtirá efectos cuando transcurra dicho periodo.
Fecha prevista cobros

A partir del mes siguiente al de la solicitud.

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Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas cuidadoras.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.
  • Desempleo.
  • Autónomos.
  • Trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, que perciben el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020 y se les haya suspendido el contrato o reducido la jornada.
  • Que el ERTE corresponda a la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor .

Acreditación por parte de la empresa.

El importe que se estuviera recibiendo.

Mensual.

  • El ERTE que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.
  • No existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

Mientras dure el estado de alarma. 

Compatible con la prestación de desempleo.

La empresa, al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el ERTE.

Seguridad Social.

Buzón de consultas:pinche aquí.

Teléfono (INSS):901166565,con atención de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.

 

 

 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena y los autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a fecha 14 de marzo de 2020 continuarán percibiéndolo durante el Estado de Alarma.

Fecha inicio efectos

Desde la fecha de suspensión o reducción de la jornada, siempre con posterioridad al 14 de marzo 2020.

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Fecha de última modificación
04/07/2020

Desempleo (trabajadores fijos discontinuos).

  • Personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y aquellas con contrato a tiempo parcial que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado afectadas, durante todo o parte del periodo teórico de actividad del año 2021 por un ERTE y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado el período de actividad, o cuando finalicen un periodo de actividad durante el que se hayan visto afectadas por un ERTE.  En este caso, la prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se mantuviera durante el ERTE previo, sin deducción alguna.
  • Igualmente pueden acceder a esta prestación extraordinaria las personas con este tipo de contratos que, sin haberse visto afectadas por un ERTE durante su última campaña, vean interrumpida su actividad con situación legal de desempleo, aunque tengan derecho a la prestación contributiva o, asimismo, las personas que agoten la prestación contributiva antes del 28 de febrero de 2022. En estos casos, la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial durante el ERTE previo conllevará la deducción en el importe de la prestación de la parte proporcional al tiempo trabajado.

 

  • En el caso de las personas que dejen de estar afectadas por el ERTE porque se alcanza la fecha que hubiera finalizado dentro de la normalidad el período de actividad, tiene que presentar la empresa una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias. La solicitud tiene que incluir a todas las personas con contrato fijo discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que dejen de estar afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo.
  • Cuando se trate de las personas que se les agote la prestación o se les vaya a agotar antes del 31 de enero de 2021, serán las propias personas trabajadoras afectadas quienes deberán solicitar la prestación extraordinaria regulada en el RD Ley 30/2020.

Los límites máximos seguirán siendo los establecidos en el Art 270.3 de la LGSS, es decir:

  • 941 euros (175% IPREM) o
  • 1.075 euros en caso de hijos a cargo (200% IPREM).

 

Mensual.

  • La prestación se calcula sobre la misma base reguladora que la última prestación contributiva por desempleo que la persona afectada hubiera percibido o, en su caso, la base reguladora de la prestación contributiva.
  • La cuantía de la prestación se calcula aplicando a la base reguladora correspondiente el porcentaje del 70%.
  • La duración de esta prestación extraordinaria se extiende desde el día siguiente a la finalización de la campaña de actividad o del agotamiento de la prestación contributiva hasta el 31 de marzo de 2022.
  • La prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona trabajadora a su actividad, debiendo en este caso la empresa comunicar a la Entidad Gestora la baja de la persona trabajadora en la prestación extraordinaria.
  • Si la persona trabajadora inicia un trabajo por cuenta propia o ajena en otra empresa distinta, esta es la encargada de comunicárselo a la Entidad Gestora.
  • En todo caso, la prestación se puede reanudar en caso de cese involuntario o encontrarse nuevamente en desempleo, siempre que se solicite antes del 31 de marzo 2022. 
  • Las personas trabajadoras que fueran beneficiarias de prestaciones y acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.
  • La prestación extraordinaria del RD Ley 30/2020 es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se mantenga en la fecha del nacimiento del derecho o que se adquiera con posterioridad, previa deducción en su importe de la parte proporcional al tiempo trabajado.
  • Es la empresa quien debe presentar una solicitud colectiva al SEPE en nombre de las personas trabajadoras, en el caso de aquellas que se han visto afectadas por un ERTE debido a la Covid-19 y que dejen de verse afectadas por este por decisión de la empresa al llegar la fecha en la que habrían finalizado la actividad en una situación ordinaria.
  • Haber cobrado el paro durante la pandemia porque bien empezaron a trabajar y la empresa cesó su actividad por la COVID-19 o porque no llegaron a incorporarse a su puesto de empleo debido a la crisis sanitaria. En este caso, la responsabilidad de enviar la solicitud al SEPE es de las personas trabajdoras. 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

Se recupera la prestación para las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y aquellas con contrato a tiempo parcial que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado afectadas, durante todo o parte del periodo teórico de actividad del año 2021 por un ERTE y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado el período de actividad, o cuando finalicen un periodo de actividad durante el que se hayan visto afectadas por un ERTE. 

Igualmente pueden acceder a esta prestación extraordinaria las personas con este tipo de contratos que, sin haberse visto afectadas por un ERTE durante su última campaña, vean interrumpida su actividad con situación legal de desempleo, aunque tengan derecho a la prestación contributiva o, asimismo, las personas que agoten la prestación contributiva antes del 31 de marzo de 2022.

A partir del 1 de octubre, se garantiza por primera vez el contador a cero para este colectivo. 

Período de solicitud
  • Con carácter general, desde que se produce la situación en el plazo de 15 días. 
  • De no presentarse dentro de dicho plazo, la prestación nace el mismo día de la solicitud.

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Fecha de última modificación
23/02/2022