54 prestaciones encontradas

Trabajadoras y trabajadores autónomos.

a) Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en su caso. 

b) Tener cubierto el periodo mínimo de cotización. 

c) No tener derecho a la pensión contributiva de jubilación. 
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se solicita al trabajador que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 

e) Acreditar una reducción de los ingresos de la actividad por cuenta propia, tras la nueva prórroga, en el tercer y cuarto trimestre de 2021 de más del 50% de los habidos en el tercer y cuarto trimestre de 2019. 

f) No haber obtenido unos rendimientos netos superiores a 8.070 euros durante el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

g) Si la persona solicitante tiene uno o más trabajadores a su cargo, se debe acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que se tengan asumidas, a través de una declaración responsable. 

h) En este caso, el trabajador autónomo debe ingresar la totalidad de las cotizaciones correspondientes. Si se deja de desarrollar actividad alguna, la mutua colaboradora abonará a la persona trabajadora el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar. Si el cese definitivo de la actividad se produce antes del 28 de febrero de 2022, en el cálculo de la prestación se tomarán en cuenta los límites anteriormente citados de forma proporcional al tiempo de duración de la actividad. 

i) Esta prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena en los siguientes supuestos: 

  • Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no pueden superar 2,2 veces el SMI. En este cálculo, los ingresos por cuenta ajena no pueden superar 1,25 veces el SMI.

  • La cuantía de la prestación, en este caso, será el 50% de la base de cotización mínima que corresponda por la actividad.

 

  • Declaración jurada de los ingresos por cuenta ajena, junto con la solicitud.
  • Certificado de empresa.
  • Declaración de la renta. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios del ejercicio 2021, a partir del 1 de mayo de 2022. Si no pueden acceder a dichos datos, el o la solicitante deberá aportar a la mutua colaboradora la siguiente documentación: 

  • Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del tercer y cuarto trimestre de 2019 y 2021.
  • Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y cuarto trimestre de 2019 y 2021.
  • Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio que sirva para acreditar los ingresos exigidos.

El importe de esta prestación es el que corresponda por la base de cotización.

Mensual.

Tras la nueva prórroga, hasta el 29 de febrero de 2022.

A partir de esta fecha solo se puede continuar percibiendo la prestación si se cumplen todos los requisitos de la Ley General de la Seguridad Social.

 

Se solicita a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación se contempla para los y las trabajadoras que no pueden acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad. 

Las personas trabajadoras autónomas que venían percibiendo esta prestación a 30 de septiembre de 2021 pueden continuar percibiéndola, tras una nueva prórroga, hasta el 28 de febrero de 2022, siempre y cuando el tercer y cuarto trimestre de 2021 cumplan los requisitos. 

Esta prestación es también compatible con el trabajo por cuenta ajena. 

Período de solicitud
  • El plazo para solicitar la prestación es hasta el 21 de octubre de 2021, para que tenga efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021. 
  • En caso contrario, tendrá efectos en el siguiente día a la presentación de la solicitud.
Fecha inicio efectos
  • 1 de octubre de 2021, si se ha solicitado dentro de los primeros veintiún días naturales de octubre, o
  • en otro caso, desde el día primero del mes siguiente a la solicitud.

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Fecha de última modificación
05/10/2021

Trabajadores autónomos de temporada.

  • Haber tenido un único trabajo durante 2018 y 2019: para ello, no puede haber estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena más de 120 días a lo largo de dichos años.
  • Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos 4 meses y máximo 7 meses en cada uno de los años 2018 y 2019, siempre que se cumpla un mínimo de dos meses entre octubre a diciembre tanto en 2018 como en 2019. 
  • No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 60 días durante el tercer y cuarto trimestre de 2021.
  • No obtener durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos ingresos netos que superen los 6.725 euros.
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social: si no se cumple este requisito, la mutua de la Seguridad Social puede solicitar al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios del ejercicio 2021, a partir del 1 de mayo de 2022. Si no pueden acceder a dichos datos, el o la solicitante deberá aportar a la mutua colaboradora la siguiente documentación: 

  • Copia del modelo 303 de declaración del tercer y cuarto trimestre del año 2021.

  • Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del tercer y cuarto trimestre del año 2021.

  • Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) tienen que aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos.

Mensual (máximo 5 meses). 

La cuantía de la prestación es la equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada.

La prestación se puede cobrar como máximo durante 5 meses y hasta el 28 de febrero de 2022. 

  • El trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. 
  • Con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo sea compatible con el desempeño de la actividad por cuenta propia. 
  • Cuando los ingresos de la actividad desarrollada en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superen los 6.725 euros.
  • Trabajadores autónomos incluídos en Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: esta prestación es incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

A través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada, va en línea con la prestación ya establecida para este colectivo en junio de 2020. Se consideran trabajadores/as de temporada aquellos/as trabajadores/as autónomos/as cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se ha desarrollado durante al menos 4 meses y máximo 7 meses tanto en 2018 como en 2019. Se considera que se ha desarrollado un único trabajo cuando el alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena no supere los ciento veinte días a lo largo de dichos años.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de la seguridad social correspondiente.

Período de solicitud
  • El plazo para solicitar la prestación es hasta el 21 de octubre de 2021, para que tenga efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021. 
  • En caso contrario, tendrá efectos en el siguiente día a la presentación de la solicitud.

 

 

Fecha inicio efectos
  • 1 de octubre de 2021, si se ha solicitado dentro de los primeros veintiún días naturales de octubre, o
  • en otro caso, desde el día primero del mes siguiente a la solicitud.
Fecha prevista cobros
  • Se cobrará con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración máxima de 5 meses, siempre que la solicitud se presente durante los primeros 21 días naturales del mes de octubre.
  • En caso contrario, los efectos de cobro son el siguiente día al de la solicitud y su duración será como máximo hasta el 28 de febrero de 2022. 

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Fecha de última modificación
05/10/2021

Trabajadores autónomos.

  • Estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, antes del 1 de abril de 2020. 
  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social antes del 1 de abril 2020. Si en la fecha de la suspensión de la actividad no se cumple este requisito, se invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
  • No tener rendimientos netos computables de la actividad desarrollada por cuenta propia en el en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del salario mínimo interprofesional en dicho periodo.
  • Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre de 2019.
  • El derecho a esta prestación se extingue si durante la percepción de la misma la persona solicitante llega a cumplir los requisitos para percibir la prestación ordinaria de cese de actividad o la prestación extraordinaria de cese de actividad compatible con la actividad por cuenta propia por reducción de ingresos.
  • Declaración jurada de los ingresos, junto con la solicitud.
  • Autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras encargadas de la gestión de la prestación para recabar del Ministerio de Hacienda los datos tributarios necesarios para la revisión de los requisitos de acceso.
  • Un certificado de empresa y la declaración de la renta.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina recabarán de la administración tributaria correspondiente los datos tributarios de los tres últimos trimestres de 2019 y 2021, a partir del 1 de mayo de 2022. Si no pueden acceder a dichos datos, el o la solicitante deberá aportar a la mutua colaboradora la siguiente documentación:

  • Copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2019 y sus liquidaciones trimestrales (modelos 303), así como las liquidaciones del segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2021 (modelos 303).
  • Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación de cada trimestre a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años 2019, 2020 y 2021.
  • Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio que sirva para acreditar los ingresos exigidos.

 

 

En general, el 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

 

Mensual. 

  • La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.
  • Si dos o más miembros de una unidad familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad tienen derecho a esta prestación, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.
  • Máximo durante 5 meses. 
  • La duración de esta prestación no podrá exceder del 28 de febrero de 2022.
  • Las personas que perciban esta prestación y no estén cotizando por cese de actividad están obligadas a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
  • La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI.
  • Con el desempeño de otra actividad por cuenta propia.
  • Con la percepción de rendimientos de la sociedad cuya actividad se haya visto afectada por el cierre.
  • Con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar: la prestación por cese de actividad es además incompatible con las ayudas por paralización de la flota.

Se debe solicitar ante la Mutua Colaboradora a la que se esté adherido. 

Se debe comunicar a la entidad gestora los miembros que integran la unidad familiar y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o si cuentan con algún otro tipo de ingresos.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Esta prestación extraordinaria está dirigida a trabajadores autónomos que no causan derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad, ni a la prestación compatible con la actividad por cuenta propia cuando haya caída de ingresos. 

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en la seguridad social, pero las y los trabajadores autónomos quedan exonerados de la obligación de cotizar y dicho periodo se entiende como cotizado.

Esta prestación se ha prorrogado a partir del 1 de octubre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. 

Período de solicitud
  • El plazo para solicitar la prestación es hasta el 21 de octubre de 2021, para que tenga efectos retroactivos al 1 de octubre de 2021. 
  • En caso contrario, tendrá efectos en el siguiente día a la presentación de la solicitud.

 

Fecha inicio efectos

1 de octubre de 2020. 

Fecha prevista cobros
  • Esta prestación se puede empezar a cobrar con efectos de 1 de octubre de 2021, siempre y cuando se solicite en los primeros 21 días naturales de octubre.
  • En caso contrario, la prestación tiene efectos en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

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Fecha de última modificación
05/10/2021

  • Trabajadores autónomos.
  • El titular del punto de suministro o algún miembro familiar que esté en situación de desempleo, ERTE o que haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados.  

Personas destinatarias:

  • Persona titular del punto de suministro o algún miembro familiar que se haya visto afectada por medidas de regulación de empleo, en situación de desempleo o que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados. 
  • Personas trabajadoras autónomas que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial.

Requisitos

El conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud del bono social no podrán alcanzar los siguientes ingresos: 

  • 939,9€ (1,5 veces la doceava parte del IPREM de 14 pagas), en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • 1.253,2€ (2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), cuando haya un menor en la unidad familiar;
  • 1.566,5€ (2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pagas), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
  • Se incrementa el cálculo anterior en aproximadamente 300€ en caso de que el consumidor/a o algun miembro familiar tenga discapacidad igual o superior al 33%; acredita la situación de violencia de género; tenga la condición de víctima del terrorismo; situación de dependencia reconocida de grado II o III; y, que la unidad familiar esté integrada por un único progenitos y, al menos, un menor. 

 

 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable la persona consumidora tiene que remitir al comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud y declaración responsable, junto con la siguiente documentación acreditativa:

  • Situación legal de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
  • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular del punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  • Declaración responsable del solicitante relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

Descuento del 25% en el recibo con un límite sobre la energía consumida (ver requisitos en: más información).

Mensual.

  • Cálculo del descuento por condición de "vulnerable".
  • En base a los  ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en que se presenta la solicitud.
  • Hasta que reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.
  • En cualquier caso, el derecho a percibir el bono en estos supuestos se extiende, tras las últimas medidas, hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

 

El usuario enviará al email de la comercializadora de referencia con la acreditación requerida y el modelo solicitud.

  • Acreditación incompleta: la comercializadora debe notificarlo en un plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
  • Acreditación completa: en el plazo de 5 días hábiles, comunicará el resultado mediante correo electrónico o mediante canal telefónico. 
  • Solicitud aceptada: en el correo se indicará la fecha de aplicación de la medida y en dicho plazo, en caso de que sea necesario, hay que realizar el cambio de comercializador y la formalización del contrato a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

Empresa comercializadora de referencia.

A partir del Real Decreto Ley 30/2020 se amplía el periodo de descuento para personas autónomas y se contempla a otros consumidores/a eléctricos.

Esta medida supone poder acogerse a un 25% de reducción en la factura de la luz del hogar. Incluye como consumidor vulnerable a personas en situación de desempleo, en un ERTE o que hayan visto reducida su jornada laboral por cuidados, así como en caso de personas autónomas, hayan visto reducidos sus ingresos de forma sustancial. 

Tras las últimas medidas, se extiende la condición de consumidor vulnerable para prorrogar el derecho a percibir el bono social hasta el 28 de febrero de 2022.

Fecha inicio efectos

30 de septiembre. 

Fecha prevista cobros

A partir del primer día del ciclo de la facturación en el que se haya recibido la solicitud.

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Fecha de última modificación
28/10/2021

Personas que permanezcan en ERTE a 1 de febrero de 2021 con una base reguladora inferior a los 1.666 euros mensuales y un salario bruto igual o inferior a los 20.000 euros.

a) Estar empadronada y tener residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Euskadi con anterioridad a la publicación de esta convocatoria en el BOPV.
b) Cotizar a la Seguridad Social, en la fecha anterior al inicio de la suspensión de su contrato de trabajo o reducción de jornada, por una base de cotización por contingencias comunes igual o inferior a 20.000 euros, en términos anuales.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.
e) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
f) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

Mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud.

Complemento a la prestación por desempleo de 150 euros mensuales para las personas con una jornada de trabajo superior al 50%, y de 100 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%

Mensual

Se complementarán las prestaciones derivadas de ERTEs desde el 1 de junio y hasta el 30 de serptiembre de 2021 (cuarta convocatoria). Periodo de solicitud hasta 30 de septiembre de 2021.

Incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

Las solicitudes de subvenciones deberán ser presentadas de forma electrónica en el formulario que estará disponible en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo: https://www.lanbide.euskadi.eus.
A partir del 30 de julio de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021.

Estas ayudas constituyen un complemento destinado a todas las personas que se encuentren en ERTE con una base reguladora inferior a los 1.666 euros mensuales y un salario bruto igual o inferior a los 20.000 euros. Será de 150 euros mensuales para las personas con una jornada de trabajo superior al 50%, y de 100 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%. En una primera convocatoria se complementaron las prestaciones derivadas de ERTEs desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre. La segunda convocatoria, aprobada el 18 de noviembre, las prorroga hasta el 31 de enero de 2021. La tercera convocatoria las prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021. La presente es la cuarta convocatoria, que las prorroga hasta el 30 de septiembre de 2021

Período de solicitud

A partir del 30 de julio de 2021 y hasta el 30 de septiembre.

Fecha inicio efectos

1 de junio de 2021 (cuarta convocatoria)

1 de febrero 2021 (tercera convocatoria)
1 de octubre de 2020 (Segunda convocatoria)

Julio de 2020 (primera convocatoria)

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Fecha de última modificación
29/07/2021

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Personas que temporalmente sean usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o socio-sanitario.
  • Mayores de 23 años (o ser mayores de edad o menores emancipados, en caso de tener menores a cargo). 
  • Personas mayores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 1 año antes de la solicitud. 
  • Personas menores de 30 años: haber vivido independientemente al menos 3 años antes de la solicitud. 
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el momento de pedir la prestación. La obligación de la búsqueda activa de empleo se podrá cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento de la prestación.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual.
  • No ser administrador de derecho de una sociedad mercantil, independientemente de la valoración del patrimonio, que no haya cesado en su actividad.
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, así como para personas en exclusión social. 
  • Se suprime el límite de titulares del IMV en un mismo domicilio (hasta ahora 2), para eliminar las barreras de acceso que han podido experimentar las personas usuarias de prestaciones de servicio residencial, así como para reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda con el fin exclusivo de compartir gastos.
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento. 
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. En un principio, no habrá que presentar dicha documentación y la obtención de estos datos y la confirmación de los requisitos exigidos en este sentido lo hará la Administración. Sin embargo, cuando no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación, se solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo del período requerido en cada supuesto.

Se contempla que los servicios sociales, y transitoriamente las entidades del tercer sector, puedan acreditar situaciones de riesgo de exclusión social en las que, por ejemplo, el domicilio real de la persona beneficiaria no se corresponde con el del padrón o en los supuestos de convivientes sin vínculo de parentesco.

 

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

En general, todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, siempre que a esa fecha se cumpliesen todos los requisitos.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22).
  • Las solicitudes correspondientes a personas con residencia en el País Vasco se deben presentar únicamente a través del servicio sin certificado digital.

Seguridad Social. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

 

Período de solicitud
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 31 de diciembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  
  • La resolución y la notificación se hará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en el registro de solicitud. Si transcurre dicho plazo sin que se notifique una resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 31 de diciembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, si en esa fecha se cumplían todos los requisitos.
  • En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha, la prestación se cobrará el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

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Fecha de última modificación
05/02/2020

  • Personas arrendatarias de vivienda habitual.
  • Personas arrendatarias que han solicitado a una entidad bancaria préstamo para alquiler (microcréditos).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.
  • Trabajadores autónomos con pérdida de ingresos.

Personas destinatarias:

Las personas en situación de vulnerabilidad económica por covid-19 (individual o agrupadas en una unidad convivencial).
La unidad convivencial la constituyen dos o más personas que viven en una misma vivienda, unidas por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela

Se considera que la persona se halla en situación de vulnerabilidad económica cuando:

  • Algunas de las personas inquilinas se encuentren como consecuencia de la crisis sanitaria del covid-19:
  • en situación de desempleo o ERTE (con posteridad al 31/01/2020)
  • haya reducido su jornada por motivo de cuidados o conciliación,
  • para personas trabajadoras autónomas o empresarias, sufran una pérdida en sus ingresos o una caída en sus ventas, igual o superior al 40%. Se toma como referencia los ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma
  • sean beneficiaros de un préstamo según artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.
  • El importe de la renta que deba ser abonada más los gastos de comunidad y los suministros básicos, sea superiores al 30% de los ingresos actualmente disponibles, calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial. Los gastos de comunidad y los suministros básicos se valoran en 79 euros/mes por cada persona integrante de la unidad convivencial o, alternativamente, en 187,4 euros/mes por vivienda (siendo el criterio aplicable el que resulte más beneficioso para la persona o unidad convivencial).

 

Requisitos:

  • Ser persona mayor de edad o emancipada.
  • Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la solicitud, en la CAE.
  • No ser titular de inmuebles disponibles, a excepción del inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia.
  • El patrimonio no supere los 50.000 euros (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades).
  • Ingresos brutos anuales < 39.000 euros, ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial detallada en el siguiente enlace. Se tendrá en cuenta el periodo impositivo que, vencido el plazo de la presentación de la declaración del IRPF, sea inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
  • Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  • Ser titular de un contrato de arrendamiento de domicilio habitual y permanente, formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de una vivienda libre ubicada en la CAE.
  • No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora o con cualquiera miembro de la unidad convivencial arrendadora.
  • El contrato de arrendamiento debe estar vigente y haber sido formalizado antes del 14 de marzo de 2020.
  • La renta mensual no podrá exceder de los siguientes importes en función del tamaño del municipio:

Tamaño de municipio/capitales

Vivienda habitual. Total

€/mes

Vivienda habitual colectiva

euros/mes

Vivienda habitual unifamiliar

euros/mes

Menos de 2.500 hab.

794,9

756,2

960,2

De 2.500 a 5.000 hab.

816,9

803,3

984,2

De 5.001 a 10.000 hab.

858,6

848,4

1.308,0

De 10.001 a 20.000 hab.

900,3

892,1

1.253,1

De 20.001 a 40.000 hab.

947,7

943,7

1.260,2

De 40.001 a 100.000 hab.

1.012,8

1.005,9

1.513,4

Vitoria-Gasteiz

924,8

918,3

1.448,9

Donostia / San Sebastián

1.324,5

1.320,0

1.589,0

Bilbao

1.113,2

1.113,2

1.112,7

 

  • En caso de familia numerosa:

Tamaño de municipio/capitales

Vivienda habitual. Total

euros/mes

Vivienda habitual colectiva

€/mes

Vivienda habitual unifamiliar

euros/mes

Menos de 2.500 hab.

927,3

882,2

1.120,2

De 2.500 a 5.000 hab.

953,1

937,1

1.148,2

De 5.001 a 10.000 hab.

1.001,7

989,8

1.526,0

De 10.001 a 20.000 hab.

1.050,4

1.040,7

1.462,0

De 20.001 a 40.000 hab.

1.105,7

1.100,9

1.470,2

De 40.001 a 100.000 hab.

1.181,6

1.173,6

1.765,6

Vitoria-Gasteiz

1.078,9

1.071,4

1.690,3

Donostia / San Sebastián

1.545,3

1.540,0

1.853,8

Bilbao

1.298,7

1.298,7

1.298,2

 

  • Cuando se manifieste oposición para consultar datos con otras administraciones, hay que presentar las siguientes declaraciones o documentaciones:

o Declaración responsable de no ser titular de bien inmueble salvo en su caso el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles.

o Declaración responsable de no disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros.

o Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada.

o Documentación acreditativa de los ingresos:

Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o en su defecto:
• Certificado de vida laboral expedido por la TGSS, con fecha actualizada
• Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T).
• Certificado de las prestaciones no contributivas.
• En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique.

o Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente previo a la concesión y pago)

  • Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que abona cada una.
  • Alta de terceros de la persona arrendataria. (podrá sustituirse por el de la persona arrendadora o de la entidad de crédito).
  • Si la fianza correspondiente al contrato de arrendamiento no estuviese depositada en la Delegación Territorial de Vivienda, copia de dicho contrato, en el que deberá constar: la identidad de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada y la renta inicial.
    En el caso de ser varias las personas arrendatarias y no constar en el contrato el importe de la renta que corresponde abonar a cada una de ellas individualmente, se aportará declaración responsable en la que figure dicho importe individual.
  • Documentación acreditativa de los ingresos actualmente disponibles, mediante la aportación de justificante de abono de prestaciones por desempleo, nóminas o documento equivalente para los trabajadores por cuenta ajena, y mediante la aportación de información contable de los registros de ingresos y gastos, de las autoliquidaciones y/o presentaciones de declaraciones informativas a efectos tributarios, para las personas trabajadoras autónomas o empresarias.
  • Declaración responsable de no existir vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora.
  • Declaración responsable emitida por la persona arrendadora de no haber condonado total o parcialmente la renta de la vivienda o haber aplazado de manera temporal y extraordinaria del pago de la misma.
    • Acreditación de que la situación de empleo o desempleo es causada por el covid-19
      o Causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.
      o Cuando las personas solicitantes vinieran desarrollando su actividad en alguno de los sectores NO estén incluidos en el listado de actividades cuya apertura al público queda suspendida de conformidad con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
      o Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, la pérdida en sus ingresos o la caída en sus ventas, se calculará tomando como referencia los ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.
  • Documento préstamo con la entidad financiera.

 

  • 1.500 euros, en dos pagos de 750 euros (corresponden a 250 euros/mes)
  • En caso de coarriendo, esta cantidad se ajustará en función del porcentaje de renta que abone la persona coarrendataria que resulte beneficiaria de la ayuda.

El pago podrá realizarse a la persona arrendadora, a la arrendataria o a la entidad financiera

En dos pagos.
El primero tras dictarse la resolución estimatoria y el segundo tres meses después, siempre que se mantengan los requisitos y obligaciones.

Se obtiene como producto de multiplicar 250 euros mensuales por el plazo de 6 meses.
Se abona en dos pagos del 50% del importe total.

Máximo 6 meses. Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria de 15.529.328 euros.

Las ayudas al alquiler son incomptibles con:

  • Beneficiarios de prestaciones económicas:

o PEV, Prestación económica de vivienda.
PCV, Prestación complementaria de vivienda.
o Gaztelagun
o AES de alquiler.
o Otras con la misma finalidad para alquiler que pudiera conceder cualquier otra Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada.

 

  • Beneficiarios de otros programas de alquiler:

o Vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en cesión de uso.
o Vivienda privada en arrendamiento a través del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), o del Programa de Vivienda Vacía Bizigune.

 

  • Beneficiarios de exoneración, condonación o reducción en el pago de la renta derivadas por la crisis originada por el COVID-19:

o La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
o La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a los previsto en el artículo 8 del Real Decreto-ley 11/2020.
o La reducción del 50% de la renta arrendaticia contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020.

Presencial:
Órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (cuando sea posible)
Forma telemática:
https://www.euskadi.eus/ayuda-alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es
www.alokabide.euskadi.eus.

Este programa tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler. Específicamente, el programa incluye en su objeto la concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación.
En el caso de obtener préstamo avalado por el Estado y obtener estas ayudas, se aplicará una norma de congruencia por la cual el importe deberá ser destinada a amortizar total o parcialmente el préstamo obtenido
Antes del 31 de diciembre de 2020, presentar los justificantes de pago de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias.

Período de solicitud
  • Desde el 6 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • Resolución: en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la solicitud.

En la solicitud se deberán declarar de forma expresa:

  • Los ingresos actuales de la unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible
  • Las personas trabajadoras por cuenta ajena, la empresa, el sector de actividad económica de la empresa y el día de inicio de la situación de desempleo o subempleo
  • Personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, el sector de actividad económica de su actividad
Fecha inicio efectos

Abril de 2020.

Fecha prevista cobros

Mayo-junio de 2020.

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Fecha de última modificación
19/09/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Víctimas de violencia de género, desahucio, personas sin hogar.
  • Familias con menores a cargo.
  • Mayores de 60 años.
  • Desempleo o incapacidad acreditada para actividad laboral.
  • Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a personas especialmente vulnerables.

Personas destinatarias:

  • Personas especialmente vulnerables.
  • Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a personas especialmente vulnerables.

Se considera persona "especialmente vulnerable":

  • Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual.
  • Las personas sin hogar.
  • Las personas incluidas en el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que contempla los siguientes supuestos:
    • Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
    • Familia numerosa.
    • Unidad familiar: monoparental o con algún menor o con algún miembro que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
    • Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo.
    • Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
    • El deudor mayor de 60 años.

Requisitos:

  • Ser persona mayor de edad o emancipada.
  • Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la solicitud, en la CAE.
  • No ser titular de inmuebles disponibles, a excepción del inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia.
  • El patrimonio < 50.000 euros (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades).
  • Ingresos brutos anuales < 39.000 euros, ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial detallada en:https://apps.euskadi.eus/x39-appcont/es/x91aEtxebideWar/etxebide/calculopon?locale=es. Se tendrá en cuenta el periodo impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declaración del IRPF, sea inmediatamente anterior a la fecha de solicitud.
  • Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
    • Cuando se manifieste oposición para consultar datos con otras administraciones, hay que presentar las siguientes declaraciones o documentaciones:
      • Declaración responsable de no ser titular de bien inmueble salvo, en su caso, el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, prestaciones o ayudas incompatibles.
      • Declaración responsable de no disponer un patrimonio superior a 50.000 euros.
      • Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada.
      • Documentación acreditativa de los ingresos:
        • Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o en su defecto:
          • Certificado de vida laboral expedido por la TGSS, con fecha actualizada.
          • Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T).
        • Certificado de las prestaciones no contributivas.
        • En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique.
      • Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente previo a la concesión y pago).
    • Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e indicar el importe de renta que abona cada una.
    • Alta de terceros de la persona arrendataria (podrá sustituirse por el de la persona arrendadora o de la entidad de crédito).
    • Las víctimas de la violencia de género, la sentencia, orden de alejamiento o informe de los servicios sociales de base o especializados dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género.
    • Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual de manera inminente o que ya se ha producido, el documento judicial que determine el lanzamiento.
    • Las personas sin hogar, una declaración responsable de empadronamiento social o ficticio.
    • Otras personas especialmente vulnerables, en su caso, declaración responsable de empadronamiento, el Libro de Familia, el certificado de cualquier tipo de discapacidad emitido por la autoridad pública competente o certificado de situación de desempleo.

    • 3.000 euros en dos pagos de 1.500 euros (corresponden a 250 euros/mes)
    • En caso de coarriendo, esta cantidad se ajustará en función del porcentaje de renta que abone la persona coarrendataria que resulte beneficiaria de la ayuda.

    El pago podrá realizarse a la persona arrendadora, a la arrendataria o a la entidad financiera.

     

    En dos pagos.

    El primero tras dictarse la resolución estimatoria y el segundo tres meses después, siempre que se mantengan los requisitos y obligaciones.

     

    • Se obtiene como producto de multiplicar 250 euros mensuales por el plazo de 12 meses.
    • Se abona en dos pagos del 50% del importe total.

     

    Máximo 12 meses. Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria de 15.529.328 euros.

     

    • Beneficiarios de prestaciones económicas:
      • PEV, Prestación económica de vivienda.
      • PCV, Prestación complementaria de vivienda.
      • Gaztelagun.
      • AES de alquiler.
      • Otras con la misma finalidad para alquiler que pudiera conceder cualquier otra Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada.
    • Beneficiarios de otros programas de alquiler:
      • Vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en cesión de uso.
      • Vivienda privada en arrendamiento a través del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), o del Programa de Vivienda Vacía Bizigune.
    • Beneficiarios de exoneración, condonación o reducción en el pago de la renta derivadas por la crisis originada por el Covid-19:
      • La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
      • La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 11/2020.
      • La reducción del 50% de la renta arrendaticia contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 11/2020.

    Presencial:

    Órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (cuando sea posible).

    Telemática:

     

    • ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.
    • ORDEN de 22 de septiembre de 2020, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

    Este programa subvencional, extraordinario y acotado en el tiempo, tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras especialmente vulnerables.

    Presentar antes del 31 de diciembre de 2021 la memoria del proyecto social y resultados obtenidos.

    Presentar antes del 31 de diciembre de 2020 los justificantes de pago de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias.

     

     

    Período de solicitud
    • Desde el 6 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2020.
    • Resolución: en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la solicitud.

    En la solicitud se deberán aclarar de forma expresa:

    • Los ingresos actuales de la unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible.

     

    Fecha inicio efectos

    Abril.

    Fecha prevista cobros

    Mayo-junio.

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    Fecha de última modificación
    05/09/2020

    Autónomos.

    Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

    Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

    Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

    a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

    b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

    c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

    Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

    a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

    b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

    Mensual (durante máximo 4 meses).

    Hasta máximo 4 meses. 

    A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

    La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

    Arrendador/arrendatario.

    Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

    Período de solicitud

    Hasta el 30 de septiembre. 

    Fecha inicio efectos

    La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

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    Fecha de última modificación
    03/10/2020

    • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
    • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

    En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

    Mensual

    Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

    Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

    Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

    Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

    Período de solicitud

    Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

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    Fecha de última modificación
    16/09/2020