54 prestaciones encontradas

  • Personas arrendatarias.
  • Personas o familias afectadas por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y con la imposibilidad de encontrar alternativa habitacional.
  • En caso de que las personas arrendadoras (caseros) acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá comunicarse a los servicios sociales para la adopción de las medidas correspondientes.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir que:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) En el caso de las familias afectadas por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento y cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores de edad a cargo: los propietarios de estos inmuebles deben ser personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

  • Desde el 2 de abril d 2020 (entrada en vigor del RD Ley 11/2020) y, tras las últimas medidas, hasta el 28 de febrero de 2022. 
  • Hasta la fecha que figure en el decreto del Juzgado (atendiendo al informe de los Servicios Sociales).

Transcurrido el plazo fijado o cuando finalice el estado de alarma: se reanudará el cómputo de los 10 días o señalará fecha para la vista.

  • Enviar un escrito al Juzgado acreditando los requisitos y acompañándolo con los documentos requeridos.
  • Pedir un Informe de los servicios sociales competentes. Si acreditas ante el Juzgado que te encuentras en situación de vulnerabilidad, es el letrado de la Administración de Justicia quien deberá comunicarlo a los servicios sociales para su consideración durante el plazo de suspensión extraordinaria.
  • La presentación del escrito alegando una situación de vulnerabilidad económica implica el consentimiento para que este se traslade a los servicios sociales. 

Administración de Justicia y Servicio Sociales referentes.

Personas inquilinas que tengan la imposibiidad de encontrar alternativa habitacional y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (aunque la situación no haya sido provocada directamente por la crisis sanitaria), podrán solicitar directamente ante la Administración de Justicia la suspensión del procedimiento de desahucio, que se aplicará durante máximo 6 meses. Transcurrido el plazo fijado para la suspensión del desahucio, se reanudará el cómputo de los 10 días o se señalará fecha para la vista.

Se prorrogan las medidas de suspensión de desahucios hasta el 28 de febrero de 2022. 

Período de solicitud

Ver normativa.

Fecha inicio efectos

Carácter retroactivo a la fecha en que se produjo la situación(es) de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.

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Fecha de última modificación
28/10/2021

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Autónomos que hayan cesado su actividad.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:
Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa de la emergencia sanitaria y que tengan un contrato de alquiler en vigor.

Requisitos:

Se considera que la persona arrendataria está en situación de vulnerabilidad siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda: 2.689 euros (límite de 5 veces el IPREM).

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

e) No es exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

f)En caso de ser varios los titulares de un mismo contrato de alquiler, es obligatorio que todos ellos formalicen como prestatarios un solo contrato de préstamo, del que responderán todos de forma solidaria.

Junto con estos documentos, se tiene que presentar el modelo de solicitud del préstamo(del Anexo I de la Orden TMA/378/2020).

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

e) Titularidad de los bienes: certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos incluida en el modelo de solicitud.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos anteriores, será suficiente con una declaración responsable, con una justificación expresa de los motivos por los cuales no se pueden aportar. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de tres meses para su aportación a la entidad de crédito.

  • La cuantía del préstamo puede alcanzar hasta el 100% del importe de seis mensualidades.
  • Máximo de 5.400 euros (que corresponden a un máximo de 900 euros al mes).

Mensual (máximo 6 mensualidades), aunque se puede acordar otra periodicidad.

En términos generales, para la devolución de los microcrétidos, el inquilino tiene un plazo de seis años, que puede ser prorrogable excepcionalmente por otros cuatro. Para esta prórroga, es necesario poder acreditar que persiste la situación de vulnerabilidad.

  • Sin gastos e intereses para el solicitante.
  • En caso que el arrendatario incurra en falsedad, ocultación o inexactitud en los requisitos o se beneficie indebidamente, se procederá al reintegro de la subvención por gastos e intereses.
  • Durante 6 meses desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y la persona arrendataria (puede solicitarse con carácter retroactivo desde el 1 de abril). Los 6 meses no pueden superar el fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.
  • Hasta la agotación presupuestaria.

Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las personas arrendatarias a través de entidades financieras. La entidad de crédito puede abonar el importe del préstamo directamente a la persona solicitante o a la entidad arrendadora de la vivienda, comunicándoselo antes al titular del préstamo.

Entidades financieras.

Los microcréditos sin intereses para el pago del alquiler son unas ayudas transitorias de financiación con aval del Estado. Estos prestamos se tienen que solicitar a través de las entidades financieras y son de destino exclusivo para el pago del alquiler. La devolución de los prestamos serán por un plazo máximo de 6 años, prorrogable excepcionalmente por otros 4 años.

Período de solicitud
  • Tras una nueva prórroga, las personas inquilinas tienen que solicitar los préstamos antes del 9 de agosto de 2021 (prorrogable hasta el 31 de agosto), y
  • Los contratos de préstamo se tienen que formalizar antes del 9 de septiembre de 2021 (prorrogable hasta el 30 de septiembre).
Fecha inicio efectos

Se pueden solicitar las ayudas con carácter retroactivo al 1 de abril.

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Fecha de última modificación
10/09/2021

Autónomos.

Población destinataria:

  • Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades hayan quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma.
  • Titulares de la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el RDL 8/2020 (Artículo 17).

Requisitos (a 14 de marzo):

a) Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV.

b) Actividad empresarial con domicilio social y fiscal en la CAPV.

c) Ser arrendatario/a de un local de negocio.

d) Dedicarse en exclusiva a la actividad que ha quedado suspendida.

Los requisitos a), b) y d) se deben mantener durante al menos, cuatro meses a contar desde la finalización del Estado de Alarma y permanecer de alta en el IAE y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el mismo periodo.

e) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

g) No estar sancionada ni penal ni administrativamente u otras circunstancias que imposibiliten la obtención de subvenciones o ayudas públicas.

h) Comunicar a Lanbide: obtención de alguna ayuda para la misma finalidad, cualquier modificación de circunstancia y procesos de reintegro o sanciones de las ayudas de la misma naturaleza que estén aún en tramitación.

Junto con el modelo de solicitud (que está en el Anexo de la Resolución):

  • Resolución de concesión de la prestación extraordinaria por cese de actividad.
  • Contrato de alquiler del local de negocio.
  • Documento acreditativo de la constitución de la Comunidad de Bienes o Sociedad Civil, en su caso.

Máximo 3.000 euros por persona beneficiaria. Esta línea subvencionará gastos como los de cotización a la Seguridad Social y rentas de alquiler.

Un único pago.

Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria que es de 16.000.000 de euros.

En el caso de las cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el gasto subvencionable será el relativo a la cotización devengada dentro del periodo comprendido entre el mes siguiente al de la finalización del estado de alarma y el mes diciembre de 2020.

Recibir otra ayuda por el mismo concepto y finalidad otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

a) Presentar el modelo oficial de solicitud (que está en el Anexo de la Resolución)a través de sede electrónica:

b) Si la persona solicitante no dispone de los medios electrónicos necesarios, podrá presentar la solicitud:

  • En los Servicios Centrales o en cualquiera de las Oficinas de Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
  • En caso de no ser posible por las medidas adoptadas por el Estado de Alarma, Lanbide informará en su página web sobre el procedimiento a seguir.

Las solicitudes se recogen por orden de presentación y en el mismo orden se aprobarán a todas las personas que cumplan los requisitos de la convocatoria.

Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía. En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes, deberá cumplimentar el siguiente formulario: http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

Ayudas extraordinarias para autónomos/as cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el Covid-19. La normativa se ha publicado en el BOPV de 15 de abril de 2020 (Resolución 8 de abril de 2020) . Las solicitudes a partir del día 16 de abril  hasta el 30 de septiembre y se resuelven según el orden de presentación hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria. La subvención será de 3.000 euros por persona beneficiaria en un único pago. En el supuesto de socios/as integrantes de Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles, 3.000 euros para el conjunto de los socios/as,  con solicitud a título personal.  Gastos subvencionables: cuotas de autónomos/as a la Seguridad Social y arrendamiento de locales de negocio.

Período de solicitud

Desde el 16/04/2020 hasta el 29/09/2020 (ambos inclusive).

Resolución: 6 meses desde la presentación de la solicitud.

Mediante resolución de 28 de septiembre (bopv 20201014), se anuncia el agotamiento del crédito presupuestario

Fecha inicio efectos

16 de abril.

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Fecha de última modificación
14/10/2020

Ciudadanía en situación de emergencia social (mantenimiento vivienda y necesidades básicas).

Requisitos indicados por normativa, no se contemplan excepcionalidades en el cumplimiento de requisitos ni de obligaciones. Decreto 4/2011, de 18 de enero (BOPV N 27/2011) de las Ayudas de Emergencia Social.

Según normativa.

En base a la finalidad de la ayuda y de las características de la unidad de convivencia.

Hasta el agotamiento del crédito presupuestario que se ha ampliado en 15 millones de euros respecto de 2019 (en total 42,5 millones) para 2021.

Las determinadas por normativa.

Procedimiento ordinario: a través de los servicios sociales de base y profesional de referencia de cada Ayuntamiento.

Servicios Sociales de Base.

A consecuencia de la crisis, en 2020, el Gobierno Vasco incrementó en 16 millones de euros la dotación de las AES y la elevó a 43,5 millones. En 2021 se ha mantenido una subida de 15 millones de euros. 

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Fecha de última modificación
04/01/2021

  • Personas perceptoras RGI
  • Ciudadanía

Requisitos indicados por normativa, no se contemplan excepcionalidades en el cumplimiento de requisitos ni de obligaciones. Decreto 147/2010 de 25 de mayo (BOPV Nº 114/2010), de la Renta de Garantía de Ingresos.

Según normativa.

  • RGI: 693,73 euros - 1.074,53 euros
  • PCV: 250 euros

Mensual.

El importe a percibir se cálcula en base al número de miembros de la unidad de convivencia, de la condición de pensionistas de alguno de los miembros y de los ingresos que percibe la unidad de convivencia.

Cambio de procedimiento durante la permanencia del Estado de Alarma y sus prórrogas.
Todas las demandas serán renovadas automáticamente hasta el 30 de setiembre del 2020 inclusive

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo ha priorizado las tramitaciones de nuevas solicitudes y reanudaciones de la Renta de Garantía de Ingresos de cara a minimizar los tiempos de espera para el cobro de la prestación. se garantiza que las y los perceptores puedan seguir cobrando la renta que les corresponde, incluyendo la Prestación Complementaria de Vivienda, cuando la hubiera.
Renta de Garantía de Ingresos (la PCV se solicita como un complemento de la RGI): Se garantiza la tramitación de la RGI

  • Si tienes credenciales electrónicas, puedes registrar la documentación de una Nueva Solicitud, una Reanudación o Comunicación de la RGI, en el Registro Electrónico General del Gobierno Vasco.
  • Si no dispone de credenciales electrónicas puede remitir la documentación necesaria a través del Formulario de Solicitud y Aportación de Documentación RGI. Notificaciones Administrativas de la RGI

Debido a las medidas excepcionales aplicadas por Correos, puede acceder a las Notificaciones de su expediente RGI, en el bloque de resoluciones del menú: Mi RGI/Mi Expediente dentro de Mi Lanbidenet.

 

Demanda de empleo:

  • Personas anteriormente inscritas en Lanbide: modificar el estado de su demanda, pasándola de baja a alta, a través de Mi Lanbidenet.
  • Personas no inscritas anteriormente: formulario para su trámite en el siguiente enlace.

Se ha facilitado el acceso a la solicitud y a las presentación de documentación necesaria para la tramitación.

Fecha inicio efectos

27 de marzo.

Fecha prevista cobros

Dos meses desde la solicitud.

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Fecha de última modificación
07/09/2020

Familias con menores o personas a cargo.

Personas destinatarias:

  • Progenitores con permisos de paternidad y maternidad, con suspensión de contrato.
  • Personas que reciben ayudas para la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de menores y/o dependientes, que se vean afectadas por el cierre de centros educativos o de atención.

Requisitos (modificados):

  • Se elimina el requisito de periodo mínimo que hasta ahora era de 59 días, siempre que coincida con el cierre de los centros o el tiempo en que las personas diagnosticadas deban estar aisladas.
  • Se amplía la edad en las ayudas para el cuidado de menores que cubrirá a los menores de 14 años en las ayudas para la excedencia y la reducción de jornada por cuidado de menores.

Mensual.

Hasta la reanudación de la actividad educativa presencial y sus servicios o las personas diagnosticadas no deban estar aisladas.

Fecha inicio efectos

Carácter retroactivo desde la fecha en la que se produjo el cierre de los centros o las personas diagnosticadas deban estar aisladas.

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Fecha de última modificación
04/04/2020

Arrendatarias (parque público de alquiler protegido).

Personas destinatarias:

Las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y sean:

  • Titulares de un contrato de arrendamiento, antes del 14 de marzo, de una vivienda del parque público de viviendas.
  • Beneficiarias de la concesión de alojamientos dotacionales.
  • Arrendatarias (inquilinas) del Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre.

El parque público de alquiler integra las viviendas de:

  • Gobierno Vasco.
  • Alokabide.
  • Bizigune y Gaztelagun.
  • Otros agentes públicos y privados que las tengan cedidas en alquiler bajo cualquiera de las fórmulas de protección vigentes.

Requisitos:

Se considera que la persona se halla en situación de vulnerabilidad económica cuando:

  • Se ha quedado en situación de desempleo (ERTE u otros) o,
  • Sufran una pérdida en sus ingresos o una caída en sus ventas, igual o superior al 40%.
  • En ambos casos, el importe de la renta que debe ser abonada más los gastos de comunidad, sean superiores al 30% de los ingresos anuales ponderados de la persona o unidad convivencial arrendataria calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.
  • No haber solicitado alguna ayuda equiparable.

El cálculo de los ingresos anual ponderados está basado en la aplicación de coeficientes reductores a los ingresos de la unidad convivencial en base al número de miembros, número de miembros que aportan ingresos de al menos el 20% del total y la procedencia de los ingresos: laboral o prestación desempleo.

Mensual (abril, mayo, junio).

3 meses (abril, mayo, junio).

  • Prestación económica de vivienda.
  • Prestación complementaria de vivienda.
  • Cualquier ayuda con la misma finalidad que pudiera conceder la Administración pública o cualquier otra entidad pública o privada.

Presencial: órganos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 (cuando sea posible).

Forma telemática:

Período de solicitud
  • Desde el 3/04/2020 hasta 31/05/2020 o,
  • Hasta un mes después de la finalización del estado de alarma.

Resolución: en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud.

Fecha inicio efectos

3 de abril.

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Fecha de última modificación
04/09/2020

  • Personas mayores.
  • Personas con discapacidad.

Personas usuarias de residencias y viviendas con apoyos de la red foral para personas en situación de dependencia y/o discapacidad: tanto residentes de plazas residenciales públicas y privadas como perceptoras de la prestación económica vinculada al servicio.

  • Documento cumplimentado con datos (anexo en la Orden Foral).
  • Autorización de uso de datos.

338 euros - 424 euros

  • Las ayudas económicas: mensual.
  • Ayuda/s técnica/s: durante la permanencia en el domicilio.

Ayudas económicas:

  • Personas usuarias valoradas con dependencia grado 1 y 2: 338 euros/mes.
  • Personas usuarias valoradas con dependencia grado 3: 424 euros/mes.

Ayudas técnicaspara facilitar la estancia en el domicilio:

  • Somier articulado.
  • Colchón para somier articulado.
  • Colchón antiescaras de aire.
  • Grúa.
  • Silla de ducha e inodoro con ruedas.
  • Asiento giratorio de bañera.
  • Aparato salvaescaleras.
  • Hasta tres meses después de la finalización del Estado de Alarma y sus prórrogas.
  • Hasta el día siguiente de la fecha de regreso a la residencia/vivienda.
  • Si no se produce el regreso al centro residencial, se retirarán el día siguiente que se le comunique a la persona beneficiaria la posibilidad de regreso al centro.

No se aplicará a personas usuarias de residencias municipales.

Correo electrónico remitido por la persona usuaria, su representante o guardador de hecho y dirigido al centro/vivienda donde reside la persona usuaria.

Se podrá solicitar una o varias de las ayudas técnicas.

Ayuda económica:

  • Plaza pública: el abono se efectuará en la cuenta corriente que figure en el centro residencial. Para ello, se deberá autorizar al centro residencial a facilitar al Departamento de Políticas Sociales la cuenta corriente del beneficiario.
  • Plaza privada y perceptora de la prestación económica vinculada al servicio: el abono se realizará en la cuenta corriente que conste en el Departamento de Políticas Sociales.

Una vez recibida la solicitud, se podrá trasladar a la persona usuaria, sin perjuicio de la resolución que se dicte más tarde.

Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Políticas Sociales. Dirección General de Atención a la Dependencia y la Discapacidad.

Período de solicitud

El programa se ha activado tanto durante el primer estado de alarma (marzo-junio 2020), como en el segundo, en el qe se ha reactivado a partir del 25 de octubre. 

Fecha inicio efectos

Segunda ola: a partir del 25 de octubre. En el primer estado de alarma se cubrieron hechos posteriores al 14 de marzo y desde el día siguiente a su salida del centro residencial.

Fecha prevista cobros

Ver normativa.

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Fecha de última modificación
04/12/2020

Autónomos

Personas autónomas titulares de contratos de alquiler, incluido aquellos con derecho a compra.

Aplazamiento por 3 meses.

Mensual (máximo 3 meses, con posibilidad de ampliación).

Tres meses (ampliable).

La Agencia de Desarrollo se comunicará con los potenciales beneficiarios de esta iniciativa para ofrecerles esta posibilidad.

Aplazamiento por 3 meses, con posibilidad de ampliación, del pago de todos los alquileres, incluidos los alquileres con opción a compra. Álava, Agencia de Desarrollo entrará en contacto directamente con los potenciales beneficiarios de esta iniciativa para ofrecerles esta posibilidad.

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Fecha de última modificación
07/04/2020

  • Arrendatarias (parque público de alquiler protegido).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y el o la propietaria es un gran tenedor de vivienda y empresas o entidades públicas de vivienda.
  • Todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda (RDL 27/2012).

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

  • Reducción del 50% de la renta o,
  • Moratoria en el pago de la renta del alquiler, que se aplicará de manera automática si no se elige expresamente la primera opción por el arrendador.

Mensual.

En el caso de que no haya acuerdo, el/la propietario/a, en un plazo de 7 días, comunicará al/la inquilino/a una de las siguientes alternativas:

a) Reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de Alarma.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia de manera automática.

  • Máximo 4 meses y/o,
  • Hasta que se supere la situación de vulnerabilidad económica.
  • La duración acumulada de las moratorias concedidas desde el 30 de septiembre de 2020 no podrá superar un total de nueve meses.

Devolución: pago fraccionado de las cuotas durante al menos 3 años (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas) sin intereses.

  • Si el inquilino solicita los microcréditos avalados por el Estado.
  • Si el inquilino o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita la vivienda sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Excepciones:

  • Cuando el derecho de propiedad o usufructo recaiga únicamente sobre una parte proporcional de la vivienda y,
  • Sea por herencia y acrediten la no disponibilidad de la misma.
  • Cuando la vivienda resulta inaccesible por razón de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar.

El arrendatario solicitará al arrendador por escrito el aplazamiento temporal o la remisión total o parcial (salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).

Arrendador/arrendatario.

Cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler, siempre que el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

Se prorroga el plazo para solicitar la moratoria hasta el 28 de febrero de 2022. 

Esta medida solo puede ser solicitada una vez en todo el periodo de su vigencia. 

Período de solicitud

Cuando el o la propietaria es un gran tenedor de viviendas alquiladas, una empresa o un fondo de inversión, se puede presentar la solicitud de moratoria hasta el 28 de febrero de 2022. 

Fecha inicio efectos

Moratoria: a partir de la siguiente mensualidad de la renta posterior al 2 de abril de 2020 (entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020).

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Fecha de última modificación
28/10/2021