Resultado

  • Personas que tengan bajos ingresos durante el ejercicio anterior.
  • Personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.
  • Tener entre 23 y 65 años (personas mayores de 18 años con hijos a cargo).
  • Cumplir un año de residencia legal en España.
  • Haber cotizado un año a la Seguridad Social. 
  • Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.
  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • Estar inscritas como demandantes de empleo.
  • No superar un límite de ingresos. El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
  • También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
  • El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de la prestación para cada uno de los casos (16.614 € una persona sola hasta 43.196 € una familia de 5 miembros). Se restan las posibles deudas que se tengan y no se tiene en cuenta el valor de la vivienda habitual
  • Se contemplan además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género.
     
  • Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
  • Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
  • Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.
  • Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.
     

La cuantía de la renta mínima  varía en función de los ingresos previos. La cuantía es de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100€.
En el caso de las personas que trabajen, la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral.
 

Se abona de forma mensual en 12 pagas.

  • El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. 
  • Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, únicamente una parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. 
     

Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

  • La IMV es compatible con otros ingresos mientas no se supere el umbral establecido. 
  • Se podrá complementar con las ayudas autonómicas.
  • Por el momento, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo (pendiente de detallar).  La prestación va ligada a la búsqueda de empleo y no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral
  • El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente virtual y un simulador, así como el número 900 20 22 22)
  • Se firmarán convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.
     

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación mensual no contributiva para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El principal requisito es tener pocos o nulos ingresos en 2019, pero se permite acceder a personas que han sufrido una rebaja de rentas de más del 50% en 2020 debido a la crisis del COVID-19.La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona sola, cuantía que se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, se añade un complemento de 100€ por cada menor en un hogar monoparental.

Período de solicitud

Se puede solicitar a partir del 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 15 de septiembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.  

Fecha inicio efectos
  • Se puede solicitar a partir del 15 de junio.
  • Todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
Fecha prevista cobros

Se prevé que se cobre en el mes de junio, a medida que vayan llegando las solicitudes.

Fecha de última modificación
09/09/2020

Autónomos.

Trabajadores autónomos que hagan frente a un alquiler para uso distinto de la vivienda habitual y cuando la persona propietaria sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, y su actividad se haya visto suspendida o los ingresos reducidos de forma sustancial a causa del Covid19.

Se entiende por "arrendamiento para uso distinto del de vivienda" (Art 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos): fincas urbanas de temporada o las que se utilizan para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente.

Los requisitos que las personas autónomas inquilinas de un inmueble para actividad económica deben cumplir son (Art 3 RDL 15/2020):

a) Estar afiliado/a y en situación de alta a 14 de marzo de 2020 en el Régimen Especial de la Seguridad Social o en mutualidadias sustitutorias.

b) Que la actividad haya quedado suspendida en consecuencia de la declaración del Estado de Alarma o,

c) Que la facturación se haya reducido, en el mes natural anterior a la solicitud de la moratoria, mínimo en un 75% (en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior).

Los requisitos se tienen que acreditar directamente con el o la propietaria:

a) La suspensión de la actividad: mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma y en caso de ser necesario, a través de una declaración de la persona solicitante sobre el cese de actividad.

b) La reducción de la actividad: en un inicio, se acredita mediante una declaración responsable. En cualquier caso, el o la propietario puede pedir al inquilino o inquilina presentar los libros contables para la justificación de la reducción.

Mensual (durante máximo 4 meses).

Hasta máximo 4 meses. 

A partir de la finalización del plazo de 4 meses o desde que se haya superado la situación económica, en 2 años, de forma fraccionada, se tienen que devolver las cuotas aplazadas sin intereses (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas).

La solicitud se hará por parte de la persona inquilina directamente con la empresa o entidad pública de vivienda o el/la propietaria. El o la propietaria debe de aceptar la solicitud, salvo que previamente se haya alcanzado un acuerdo.

Arrendador/arrendatario.

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Trabajadores autónomos inquilinos de un inmueble para actividad económica y cuando los arrendadores sean empresas, entidades públicas de vivienda o un gran tenedor, se deberá aplazar o reducir temporalmente el pago de la renta de alquiler del inmueble, siempre que el inquilino haya cesado su actividad o reducido sus ingresos de una forma sustancial a causa del COVID-19.

Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

La solicitud se podrá realizar a partir del 23 de abril y la renta se aplaza a partir de la siguiente mensualidad de la renta del alquiler.

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Trabajadores cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa.
  • Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

En el caso de trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19, se exige comunicación escrita por parte de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido.

Mensual

Desde el 1 de marzo en aquellos casos en que la personas trabajadora hubiera resuelto el contrato voluntariamente y desde el 9 de marzo cuando la extinción haya sido a instancia de la empresa. Hasta el 14 de septiembre. 

Servicio Público de Empleo Estatal SEPE.

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Se amplía la protección por desempleo a todas las personas cuyos contratos, aun estando en periodo de prueba, se hayan extinguido bien a instancias de la empresa (a partir del 9 de marzo), bien porque la persona usuaria tuviera una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse (a partir del 1de marzo).

Período de solicitud

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma.

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

  • Personas deudoras hipotecarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según el artículo 16 y que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda habitual o,
  • Aquellas viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler, para las que la persona propietaria o arrendadora haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de Alarma o hasta un mes después de su finalización.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 € por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente la total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Estas moratorias se podrán solicitar hasta el 29 de septiembre de 2020

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020.

Fecha de última modificación
26/04/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:

Trabajadores autónomos en "situación de vulnerabilidad económica" según artículo 16 que tienen dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca.

Requisitos:

El deudor hipotecario en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a) El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b) El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o - persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

d) Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. El esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria (art. 19) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler y en que el propietario haya dejado de percibir la renta (art 19), se debe aportar el correspondiente contrato de arrendamiento.

g) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y f), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (3 meses ampliables).

Hasta tres meses.

Fin moratoria: el pago de las cuotas hipotecarias se extenderá por el mismo periodo que haya sido efectiva la moratoria (aunque el deudor y la entidad acreedora podrán llegar a un acuerdo diferente).

La persona beneficiaria a la entidad financiera:

  • Solicitud de moratoria.
  • Documentos que acreditan la situación de vulnerabilidad.

Resolución de la entidad financiera: desde la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

Acreedores o entidades prestamistas.

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Una vez aplicada la moratoria, la hipoteca se congela es decir, no se pagan cuotas ni se generan intereses durante el plazo de vigencia de la medida. Es solo un aplazamiento del pago: se alargará el plazo del préstamo los meses que dure la moratoria (3 meses como mínimo).

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se amplia hasta el 29 de septiembre de 2020.

Se otorga un periodo de moratoria de hasta 12 meses (solo se abonarían los intereses, no capital), para los inmuebles afectgos a una actividad turística

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • ERTE.
  • Personas trabajadoras con hijos o hijas a cargo.

Personas trabajadoras que, por causa del COVID-19, hayan tenido una suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada por razones de fuerza mayor o por causas productivas mediante ERTE y que corresponda por tener hijos o hijas a cargo, aunque el SEPE no disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Acreditación de la aplicación del ERTE por parte de la empresa.

Mensual.

Se regulariza de oficio un aumento en las cantidades de la prestación por desempleo para las personas afectadas por un ERTE y que tengan hijos o hijas a cargo.

  • Hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal.
  • La duración máxima del ERTE se ha prolongado hasta el 30 de septiembre,
  • La prestación de desempleo se solicita directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE.
  • El SEPE regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamación alguna.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=reconocimiento-oficio-hijos-erte-sepe-covid19

En el reconocimiento de las solicitudes colectivas que están presentando las empresas en relación con los trabajadores afectados por ERTEs, inicialmente solo se han tenido en cuenta los hijos e hijas a cargo de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenía información en su sistema. Con objeto de acelerar el procedimiento, una vez tengan reconocidas las prestaciones, regularizarán de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de hijos e hijas a cargo.

Fecha inicio efectos

12 de abril.

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas cuidadoras.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.
  • Desempleo.
  • Autónomos.
  • Trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, que perciben el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020 y se les haya suspendido el contrato o reducido la jornada.
  • Que el ERTE corresponda a la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor .

Acreditación por parte de la empresa.

El importe que se estuviera recibiendo.

Mensual.

  • El ERTE que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.
  • No existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

La prestación por cese de actividad se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2020.

Compatible con la prestación de desempleo.

La empresa, al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el ERTE.

Seguridad Social.

Buzón de consultas:pinche aquí.

Teléfono (INSS):901166565,con atención de lunes a viernes en horario de 9 a 20 horas.

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

Las personas trabajadoras por cuenta ajena y los autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a fecha 14 de marzo de 2020 continuarán percibiéndolo durante el Estado de Alarma.

Período de solicitud
  • La prestación por cese de actividad se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2020.
  • La resolución de la autoridad laboral se realizará en el plazo de cinco días desde la solicitud.
Fecha inicio efectos

Desde la fecha de suspensión o reducción de la jornada, siempre con posterioridad al 14 de marzo 2020.

Fecha de última modificación
04/07/2020

Desempleo (trabajadores fijos discontinuos).

Personas destinatarias: trabajadores fijos discontinuos y/o que se repiten en fechas ciertas que vean interrumpida su actividad durante periodos que habitualmente hubieran sido de trabajo, y que, o bien, disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.
Requisitos:

  • Para determinar el periodo que hubiera sido de actividad laboral si no se hubiera producido la crisis del COVID-19 se tomará el efectivamente trabajado durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. Si se tratara del primer año, se tomarán los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.
  • Además, se reconoce el derecho a las personas que no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.

Certificado de empresa que justifique que la no reincorporación es debido a las causas extraordinarias.

Pendiente de desarrollo reglamentario.
En todo caso, los límites máximos seguirán siendo los establecidos en el Art 270.3 de la LGSS, es decir:

  • 941 euros (175% IPREM) o
  • 1.075 euros en caso de hijos a cargo (200% IPREM).

Mensual.

Siguiendo normativa de la prestación contributiva por desempleo, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.
Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

  • Los ERTE-s por fuerza mayor, ya sea total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad) tendrán un límite temporal de aplicación hasta el 30 de septiembre, prorrogable en función de la situación sanitaria. 
  • Las medidas extraordinarias para la prestación por desempleo para este caso prolongarán su vigencia hasta el 31 de diciembre. En dicho periodo, podrán volver a percibirlo con el límite máximo de 90 días cuando se encuentren en situación legal de desempleo (resposición del derecho).

Las personas trabajadoras que fueran beneficiarias de prestaciones y acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.

Solicitar a la empresa un certificado de empresa que figure la imposibilidad de reincorporación como consecuencia del coronavirus y remitir este certificado al SEPE. Seguir el procedimiento para la demanda de desempleo:
Si se dispone de credenciales electrónicas (DNI, certificado digital o claves):

  • Reconocimiento de la prestación contributiva a través de https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
  • Presentar solicitud en https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

Si no se dispone de credenciales electrónicos:

  • Formulario pre-solicitud (no enviar en caso de ERTE, se haya solicitado cita previa o solicitado en el SEPE por otro canal) a través de https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
  • Solicitar cita previa en https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19/situacion-fijos-discontinuos.html

Reposición de las prestaciones por desempleo consumidas por las personas con contratos de trabajo fijos discontinuos que hayan visto interrumpida su actividad como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Asimismo, el RD-ley 15/2020 refuerza la protección de las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos, ampliando la cobertura regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a aquellas personas trabajadoras que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del COVID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación.

Fecha inicio efectos

Desde la fecha de fin de contrato, siempre con posterioridad al 14 de marzo de 2020.

Fecha prevista cobros

Pendiente de desarrollo normativo.

Fecha de última modificación
10/09/2020

Trabajadores con suspensión de empleo o reducción de jornada mediante ERTE.

Personas destinatarias: trabajadores que, por causa del COVID-19, hayan tenido una suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada por razones de fuerza mayor o por causas productivas, mediante ERTE.


Requisitos:

  • El inicio de la relación laboral o societaria debe ser anterior al 18 de marzo de 2020.
  • Pueden recibir la prestación aunque carezcan del período de cotización mínimo, tengan suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.

Acreditación por parte de la empresa.

Pendiente de desarrollo reglamentario.
En todo caso, los límites máximos seguirán siendo los establecidos en el Art 270.3 de la LGSS, es decir:

  • 941 euros (175% IPREM) o
  • 1.075 euros en caso de hijos a cargo (200% IPREM).

Mensual.

Siguiendo normativa de la prestación contributiva por desempleo con las siguientes especialidades:
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

  • Los ERTE-s por fuerza mayor, ya sea total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad) tendrán un límite temporal de aplicación hasta el 30 de septiembre, prorrogable en función de la situación sanitaria. 
  • Las medidas extraordinarias para la prestación por desempleo (posibilidad de cobrar la prestación aunque no se tenga el periodo mínimo cotizado y el no cómputo de la prestación de desempleo por el periodo de desempleo) también serán aplicables hasta el 30 de septiembre, con la salvedad del paro especial de los fijos discontinuos, que prolongará su vigencia hasta el 31 de diciembre.

 

La prestación de desempleo se solicita directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE (Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Artículo 3).

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para más consultas acerca de las prestaciones, el SEPE ha facilitado información en su página web con los procedimientos que recomiendan seguir durante el estado de alarma (pinche aquí).

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/medidas-COVID-19.html

Protección del conjunto de los trabajadores que se vean afectados por un ERTE, incluido aquellos que no reúnen los requisitos ordinarios de acceso a la prestación.

Período de solicitud

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada fundamentadas en fuerza mayor derivada de la situación creada por el Covid19, a partir del RD Ley 24/2020, solo son aplicables si el expediente fue solicitado antes del 27 de junio y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. La resolución de la autoridad laboral se realizará en el plazo de cinco días desde la solicitud.

Fecha inicio efectos

Desde el día siguiente a aquel en que:

  • Dejó de trabajar por supuesto de fuerza mayor (constatado por la autoridad laboral) o,
  • El empresario adoptó la decisión de suspenderle el contrato o reducirle la jornada, si la medida se adopta como consecuencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Fecha de última modificación
10/09/2020

Autónomos

Personas destinatarias: personas autónomas, domiciliadas en España, que estén en situación de vulnerabilidad a causa del Covid19.

Requisitos:

  • No figuren en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 (en el CIRBE) y,
  • No estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020 y,
  • Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.

Personas beneficiarias a las entidades financieras:

  • Una declaración responsable y,
  • Información y documentación relevante en relación con los requisitos, condiciones, límites principales y finalidad de la financiación.

El importe máximo del/de los préstamo(s) que se puede/n avalar: 1,5 millones de euros (ver normativa).

En una o varias operaciones de préstamo.

Hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria.

Las personas beneficiarias con entidades financieras (que suscriban con el ICO los contratos para las líneas de avales).

Entidades financieras.

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

La Línea de Avales tiene como objetivo apoyar a las empresas y autónomos garantizando la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo y es retroactiva desde el 18 de marzo. Con el RD Ley 8/2020 se aprobó una línea de avales y a partir del RD Ley 25/2020 otra nueva. Esta última línea de avales garantizará los préstamos para la realización de nuevas inversiones, así como los gastos relacionados con las mismas y con la mejora del proceso productivo.También podrá cubrir necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas o vencimiento de obligaciones financieras o tributarias, entre otras.

Período de solicitud

Desde el 18 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. Para la nueva línea de avales, las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2020. 

Fecha inicio efectos

18 de marzo de 2020. En la nueva línea de avales, aprobada por el RD Ley 25/2020, se podrán acoger a la misma las operaciones formalizadas por las entidades financieras desde el 30 de julio de 2020 y hasta el 1 de diciembre de 2020.

Fecha de última modificación
10/09/2020

Trabajadores autónomos.

Personas trabajadoras por cuenta propia que:

  • Hayan cesado su actividad.
  • Su facturación en el mes anterior se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio del semestre anterior.

Requisitos:

  • Estar de alta, a 14 de marzo de 2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
  • Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no se cumple este requisito, el órgano gestor permitirá que el trabajador autónomo ingrese, en treinta días naturales, las cuotas debidas.
  • No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente.
  • Cese de actividad por fuerza mayor: declaración jurada con la fecha de la producción de la fuerza mayor.
  • Acreditación de la reducción de la facturación: información contable que lo justifique, a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos (aquellos autónomos que no estén obligados a llevar el libro, acreditar la reducción mínima de 75% a través de un medio admitido en derecho).
  • Toda solicitud tiene que ir con una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos.

70% base reguladora.

En cuanto a la exención en la cotización, a partir del 1 de julio de 2020, será del 100% en julio, del 50% en agosto y del 25% en el mes de septiembre. 

Mensual. 

  • El 70% de la base reguladora.
  • Cuando no se acredite el período mínimo de cotización: 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.

El RD Ley 11/2020 estableció la incompatibilidad de la Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos con cualquier otra prestación de la Seguridad Social. No obstante, este punto se ha modificado mediante el RD Ley 13/2020, que establece que es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que la persona viniera percibiendo y fuese compatible con la actividad que desarrollaba. Salvo la percepción de las ayudas por paralización de la flota, en el caso de autonómos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Con carácter general, la gestión de esta prestación corresponderá a la mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que esté adscrito el trabajador o trabajadora.
En el caso de los autónomos en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la gestión corresponde al Instituto Social de la Marina.
Actualmente, las mutuas y el ISM (y el SEPE) han habilitado formularios en sus páginas web para descargar la solicitud y adjuntar la documentación pertinente para realizar la gestión de manera totalmente telemática.

La mutua colaboradora con la Seguridad Social; Instituto Social de la Marina.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9#172703AUT

El tiempo de percepción de la prestación se entiende como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. A partir del RD Ley 24/2020 se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de actividad a 30 de junio y dejen de percibirla, disfrutarán de una exención en la cotización del 100% en el mes de julio, del 50% en el mes de agosto, y del 25% en el mes de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

Hechos posteriores al 14/03/2020.

Fecha prevista cobros

30 días habiles (pero las mutuas pueden sufrir retrasos).

Fecha de última modificación
03/07/2020

Toda la ciudadanía.

Personas perceptoras del bono social a las que les expire el bono durante la situación de emergencia sanitaria del Covid19. En concreto, una prórroga de forma automática de todos los bonos que expiren hasta el 30 de septiembre de 2020.

Descuento.

Mensual.

Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. El objetivo es evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos.  

Hasta el 30/09/2020.

Automático, no es necesario solicitud.

Empresa comercializadora de referencia.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/#ancla4
Fecha inicio efectos

18 de marzo (entrada en vigor del RD Ley 8/2020).

Fecha de última modificación
09/08/2020

Toda la ciudadanía.

Cualquier domicilio que tenga la consideración de primera vivienda.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

Hasta el 30 de septiembre de 2020, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores. La duración del estado de alarma no computará a efectos de los plazos de pagos y suspensión de suministros por impago.

Activo hasta el 30 de septiembre de 2020

  • Solo se puede cortar el suministro por cuestiones de seguridad del suministro, de las personas y las instalaciones.
  • Puntos de suministro de gas natural: sólo se puede suspender si el plazo de ejecución de la inspección hubiera vencido con anterioridad al inicio del Estado de Alarma sin que dicha inspección hubiera sido realizada.
  • Si la inspección hubiera detectado alguna anomalía secundaria y el plazo para su resolución hubiera vencido al inicio del Estado de Alarma sin ser solucionado.

Se debe solicitar al suministrador correspondiente. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

ciudadano@idae.es

Teléfono: 913146673,con horario de atención al público de 9 a 14, de lunes a viernes.

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/

Excepcionalmente, y hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

Período de solicitud

Se podrá solicitar desde el 2 de abril hasta el 30 de septiembre. 

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Desempleo.
  • Autónomos.

Personas destinatarias:
Personas en situación de vulnerabilidad social según el artículo 16, a las que se aplica suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor del RD Ley 11/2020 (2 de abril) y cuando el préstamo o crédito no hipotecario esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.

Requisitos:
El deudor en situación de vulnerabilidad según artículo 16 debe cumplir:

a)El potencial beneficiario pase a situación de:

  • Desempleo
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos o de facturación del al menos 40% (Art. artículo 5 Ley 37/1992, del IVA).

b)El total de ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33 %, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando el deudor sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c)En caso de hacer frente a un pago periódico (de una renta de alquiler y/u otro tipo de financiación no hipotecaria) o a un único préstamo, la suma de estos importes, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar, aunque la persona fuese beneficiaria de la moratoria hipotecaria.

d)Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, aunque la persona fuese beneficiaria de la moratoria hipotecaria. El esfuerzo que represente el total de la carga de dichos importes o del único préstamo (artículo 18) sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia (expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma).

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes:

  • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Escrituras del inmueble de la actividad económica o vivienda y de concesión del préstamo(s) con garantía hipotecaria.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del Estado de Alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual (durante tres meses ampliables).

Moratoria para créditos y préstamos que no sean hipotecarios. Los importes que serían exigibles en caso de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.

Tres meses ampliables.

Presentar una solicitud a la entidad financiera.

Acreedores o entidades prestamistas

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=d409ccf428431710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD

Si estás pagando un préstamo no hipotecario o un crédito no hipotecario y reúnes las condiciones necesarias, podrás acogerte a la moratoria que permite aplazar tres meses la cuota, aunque este plazo podrá ser prorrogable. Es decir, que durante el tiempo que dure el aplazamiento, no se te cobrará dicha cuota.

Período de solicitud

El plazo para solicitar la moratoria se ha ampliado hasta el 29 de septiembre de 2020

Fecha inicio efectos

Desde la solicitud acreditada del deudor al acreedor.

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas arrendatarias (pequeño propietario).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y la persona arrendadora sea un pequeño propietario.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Mensual.

Solicitud: el arrendatario solicitará por escrito al arrendador el aplazamiento.

Resolución: la persona propietaria comunicará al inquilino,en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones. En este caso, el propietario puede decir si acepta o no. Si el propietario no acepta ningún acuerdo, el inquilino podrá acceder a los microcréditos avalados por el estado.

Arrendador/arrendatario.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Período de solicitud

Hasta el 30 de septiembre. 

Fecha inicio efectos

Moratoria: a partir de la siguiente mensualidad de la renta posterior al 2 de abril (entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020).

Fecha de última modificación
09/09/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Las que tienen contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen desde el 2 de abril y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma.

Requisitos: la persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de

  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

Máximo 6 meses. Esta prórroga se aplica a todos los contratos de alquiler que finalicen entre el 2 de abril y el 30 de septiembre de 2020.

Solicitud previa del arrendatario al arrendador que deberá de ser aceptada por el mismo (salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).

Arrendatario/arrendador.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Período de solicitud

Desde el 2 de abril (entrada en vigor del RD Ley 11/2020) hasta el 30 de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

2 de abril.

Fecha de última modificación
09/09/2020

Trabajadores autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad que retomen su actividad

Trabajadores autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad que retomen su actividad

No es necesario solicitar la exención, pues se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en relación con todos los autónomos que dejen de percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad, mantengan el alta en el régimen correspondiente y no soliciten la prestación por cese de actividad.

En julio, los beneficiarios/as de la prestación extraordinaria por cese de actividad no pagarán cuota de Seguridad Social porque la exoneración será del 100%. En agosto, se pagará la mitad, ya que la exoneración alcanzará el 50% en la cuota, y en la cuota del mes de septiembre, pagarán un 25% menos que en la cuota ordinaria.

En julio, los beneficiarios/as de la prestación extraordinaria por cese de actividad no pagarán cuota de Seguridad Social porque la exoneración será del 100%. En agosto, se pagará la mitad, ya que la exoneración alcanzará el 50% en la cuota, y en la cuota del mes de septiembre, pagarán un 25% menos que en la cuota ordinaria.

  • Sistema RED: no hace falta presentar un documento de solicitud, es suficiente comunicar los periodos de los que se solicitan el aplazamiento o moratoria. En caso de que no se tenga sistema RED, la vía es la SEDESS.
  • Sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS):en este caso, hay que presentar las solicitudes en la sede electrónica.
  • Autónomo que actúe a través de un profesional o de un tercero (graduados, gestores, abogados y demás autorizados del Sistema RED), podrá tramitarlo a través del mismo.

Nota: en caso de las moratorias, con la Orden que se apruebe, previsiblemente en mayo, se implantará un nuevo servicio de forma que no surtirán efecto las solicitudes que se presenten a través de medios distintos a los indicados.

Tesorería General de la Seguridad Social.

Buzón de consultas:pinche aquí.

Teléfono:901502050, con atención de Lunes a Viernes entre las 8:30 y las 18:30 hrs.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658

A partir del 1 de julio los autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad se beneficiarán automáticamente de una exoneración en las cuotas a la Seguridad Social de los meses de julio, agosto y septiembre.

Fecha de última modificación
04/07/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y con la imposibilidad de encontrar alternativa habitacional.
  • En caso de que las personas arrendadoras (caseros) acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad social o económica, deberá comunicarse a los servicios sociales para la adopción de las medidas correspondientes.

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir que:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) La UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

Máximo 6 meses.

  • Máximo 6 meses desde el 2 de abril (entrada en vigor del RD Ley 11/2020), o,
  • Hasta la fecha que figure en el decreto del Juzgado (atendiendo al informe de los Servicios Sociales).

Transcurrido el plazo fijado: se reanudará el cómputo de los 10 días o señalará fecha para la vista.

Acreditación por parte del inquilino, ante el Juzgado, de la situación de vulnerabilidad económica.

Administración de Justicia y Servicio Sociales referentes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Período de solicitud

Ver normativa.

Fecha inicio efectos

Carácter retroactivo a la fecha en que se produjo la situación(es) de vulnerabilidad social o económica sobrevenida.

Fecha de última modificación
26/04/2020

  • Personas arrendatarias.
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Autónomos que hayan cesado su actividad.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:
Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa de la emergencia sanitaria y que tengan un contrato de alquiler en vigor.

Requisitos:

Se considera que la persona arrendataria está en situación de vulnerabilidad siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de:

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda: 2.689 euros (límite de 5 veces el IPREM).

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

e) No es exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

f)En caso de ser varios los titulares de un mismo contrato de alquiler, es obligatorio que todos ellos formalicen como prestatarios un solo contrato de préstamo, del que responderán todos de forma solidaria.

Junto con estos documentos, se tiene que presentar el modelo de solicitud del préstamo(del Anexo I de la Orden TMA/378/2020).

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

e) Titularidad de los bienes: certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos incluida en el modelo de solicitud.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos anteriores, será suficiente con una declaración responsable, con una justificación expresa de los motivos por los cuales no se pueden aportar. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de tres meses para su aportación a la entidad de crédito.

  • La cuantía del préstamo puede alcanzar hasta el 100 % del importe de seis mensualidades.
  • Máximo de 5.400 euros (que corresponden a un máximo de 900 euros al mes).

Mensual (máximo 6 mensualidades), aunque se puede acordar otra periodicidad.

En términos generales, para la devolución de los microcrétidos, el inquilino tiene un plazo de seis años, que puede ser prorrogable excepcionalmente por otros cuatro. Para esta prórroga, es necesario poder acreditar que persiste la situación de vulnerabilidad.

  • Sin gastos e intereses para el solicitante.
  • En caso que el arrendatario incurra en falsedad, ocultación o inexactitud en los requisitos o se beneficie indebidamente, se procederá al reintegro de la subvención por gastos e intereses.
  • Durante 6 meses desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y la persona arrendataria (puede solicitarse con carácter retroactiva desde el 1 de abril). Los 6 meses no pueden superar el fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.
  • Hasta la agotación presupuestaria.

Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las personas arrendatarias a través de entidades financieras. La entidad de crédito puede abonar el importe del préstamo directamente a la persona solicitante o a la entidad arrendadora de la vivienda, comunicándoselo antes al titular del préstamo.

Entidades financieras.

https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico

Se fija el importe máximo de la línea de avales por un importe total de hasta 1.200 millones de euros.

Período de solicitud
  • Las personas inquilinas tienen que solicitar los préstamos antes del 30 de septiembre de 2020, y
  • Los contratos de préstamo se tienen que formalizar antes del 31 de octubre de 2020.
Fecha inicio efectos

Se pueden solicitar las ayudas con carácter retroactivo al 1 de abril.

Fecha de última modificación
15/05/2020

  • Arrendatarias (parque público de alquiler protegido).
  • Desempleo.
  • ERTE.
  • Trabajadores con reducción jornada total/parcial.

Personas destinatarias:

  • Personas arrendatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad según artículo 5.
  • Personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida y el o la propietaria es un gran tenedor de vivienda y empresas o entidades públicas de vivienda.
  • Todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda (RDL 27/2012).

Requisitos:

La persona arrendataria en situación de vulnerabilidad según artículo 5 debe cumplir:

a) La persona obligada a pagar la renta pase a situación de

  • Desempleo
  • ERTE
  • Haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  • En caso de empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de ingresos según el punto b).

b) El total de ingresos de la unidad familiar (UF) no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,

  • 1.614 euros, con carácter general. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.151 euros, con algún miembro con: discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia, enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se incrementa 54 euros por cada hijo a cargo o persona mayor 65 años y las familias monoparentales con 81 euros por cada hijo a cargo.
  • 2.689 euros, cuando la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con grado ≥ 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con grado ≥ 65% o los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

c) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la UF.

d) Que la UF no disponga de vivienda en propiedad en España y en caso de propiedad deben acreditar la no disponibilidad por alguna causa.

a) Certificado de la situación legal de desempleo, en el que figure la cuantía mensual percibida.

b) Certificado del cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual (libro familia, certificado de empadronamiento...).

d) Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

e) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

f) Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

Si el solicitante no pudiese aportar los documentos a) y e), será suficiente con una declaración responsable de dichos documentos. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para su aportación.

  • Reducción del 50% de la renta o,
  • Moratoria en el pago de la renta del alquiler, que se aplicará de manera automática si no se elige expresamente la primera opción por el arrendador.

Mensual (todo el periodo de alarma y se puede extender durante un máximo de 4 meses más si la intensidad de la vulnerabilidad lo requiere).

En el caso de que no haya acuerdo, el/la propietario/a, en un plazo de 7 días, comunicará al/la inquilino/a una de las siguientes alternativas:

a) Reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de Alarma.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia de manera automática.

  • El periodo que dure el estado de alarma (prorrogable hasta máximo 4 meses) y/o,
  • Hasta que se supere la situación de vulnerabilidad económica.

Devolución: pago fraccionado de las cuotas durante al menos 3 años (siempre dentro de la vigencia del contrato y sus prórrogas) sin intereses.

  • Si el inquilino solicita los microcréditos avalados por el Estado.
  • Si el inquilino o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita la vivienda sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.

Excepciones:

  • Cuando el derecho de propiedad o usufructo recaiga únicamente sobre una parte proporcional de la vivienda y,
  • Sea por herencia y acrediten la no disponibilidad de la misma.
  • Cuando la vivienda resulta inaccesible por razón de discapacidad de algún miembro de la unidad familiar.

El arrendatario solicitará al arrendador por escrito el aplazamiento temporal o la remisión total o parcial (salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).

Arrendador/arrendatario.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
Período de solicitud

Cuando el o la propietaria es un gran tenedor de viviendas alquiladas, una empresa o un fondo de inversión, se puede presentar la solicitud de moratoria hasta el 30 de septiembre de 2020.

Fecha inicio efectos

Moratoria: a partir de la siguiente mensualidad de la renta posterior al 2 de abril (entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2020).

Fecha de última modificación
09/09/2020